Durante este mes, la CTA realizó dos presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la violación a los convenios 87, 98 y 169 en nuestro país. Ambas están firmadas por el secretario general y el secretario internacional de la CTA, Hugo Godoy y Adolfo Aguirre, respectivamente, y cuentan con el patrocinio letrado de los doctores Daniel Jorajuría y Javier Izaguirre, integrantes del Departamento Jurídico de la Central.
Violaciones a los Convenios 87 y 98 de la OIT
En respaldo al Sindicato Argentino de Manufactura del Cuero (SAMC-CTA Autónoma), la CTA denunció ante la directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Corinne Vargha, a las empresas Marina S.A. y Vesuvio S.A.C.I.F.I. por conductas antisindicales. La denuncia señala el intento de estas firmas de excluir la legítima representación del gremio en el marco de la lucha que llevan adelante los trabajadores del sector. Esta presentación también lleva la firma de Ernesto Trigo, secretario general del Sindicato del Cuero y secretario de Cultura de la Central.
En dicho documento se denunció una batería de medidas y acciones de represalia contra afiliados, delegados y el propio sindicato —como la negativa a la retención de la cuota sindical—. Todo ello constituye una flagrante violación a la libertad sindical y a la negociación colectiva, garantizadas por los convenios 87 y 98 de la OIT.
Violaciones al Convenio 169
En una presentación realizada el 24 de abril, se solicitó la intervención urgente del tribunal ad hoc encargado de evaluar la queja contra la República Argentina por violación al Convenio 169 de la OIT. Esta presentación también está firmada por la secretaria de Relación con los Pueblos Originarios, Miriam Liempe. Dicha reclamación fue dirigida al director general, Gilbert F. Houngbo, y a la directora del Departamento de Normas, Corinne Vargha, en el marco del respaldo que la Central brinda a las comunidades originarias. En este caso, se denunciaron violaciones al Convenio 169 que afectan gravemente los derechos de la comunidad indígena Guaytamari, del pueblo Huarpe de Mendoza (con personería jurídica N.º 696/97 del RENACI). La representación de la CTA en este reclamo se ejerce en función del artículo 18 de su estatuto social.
Específicamente, se denunció al Estado argentino por el incumplimiento de las siguientes obligaciones del Convenio 169 (ratificado por ley nacional):
- Violación al art. 6: Obligación de consulta previa a los pueblos originarios.
- Violación al art. 7: Derecho de los pueblos a decidir las prioridades de desarrollo en sus territorios y la evaluación de impactos.
- Violación al art. 15: Protección especial de los derechos sobre los recursos naturales.
La reclamación se centra en la aprobación, por parte del Gobierno de Mendoza, del proyecto minero “San Jorge Cobre Mendocino”. Este proyecto no solo vulnera el Convenio 169, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que, ante planes de inversión a gran escala en territorios indígenas, el Estado debe obtener el consentimiento libre, previo e informado de dichas comunidades.
Por último, la presentación exigió a la OIT que inste al Estado argentino a suspender de manera inmediata cualquier actividad de prospección, construcción o explotación del proyecto minero mencionado.
