En medio de una ciudad paralizada por el miedo después del brutal asesinato de cuatro (4) trabajadores en manos de sicarios y balaceras en comisarías y Servicio Penitenciario, la CTA Autónoma se solidariza con familiares, amigxs y compañerxs de las víctimas como también con todo el pueblo rosarino que ve afectada su cotidianeidad.

Luego de que el gobierno provincial circulara fotos en la cárcel de Piñero al estilo “Bukele”,  marcaron un punto de inflexión. La situación se desmadró: no se había vuelto a vivir asesinatos al azar de inocentes sin vínculos con el delito organizado hasta estos días. Cualquier ciudadano allí, puede ser la próxima víctima. Rosario requiere una real solución.

El recrudecimiento de la violencia narco y su escalada, motivaron a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y a su par de Defensa, Luis Petri junto con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, a lanzar el Comité de Crisis gubernamental, donde la principal o principales medidas se centran en el desembarco de las fuerzas armadas y federales, requerir de la Justicia la utilización de la Ley Antiterrorista y enviar al Congreso un proyecto de Ley Antimafia o Antibanda contra el crimen organizado, desarmar a la población y perseguir el delito de lavado de dinero, entre otras.

Desde ya que las medidas “manoduristas” pueden atraer en un contexto aterrador, pero lo cierto es que la militarización resulta ser, una receta ya implementada por los distintos gobiernos en varias oportunidades y fracasaron, sin poder bajar el índice de criminalidad y generando condiciones propicias para el hostigamiento y represión en los barrios y para que la ciudad tenga situaciones más críticas similares a las de México o Colombia. Un dato más, hace poco más de tres meses la propia Bullrich había anunciado la militarización de los barrios rosarinos con la implementación del plan “Bandera”, que fracasó de plano también.

Hoy en Rosario reina el terror y el escepticismo. Es necesario discutir todo y que hay detrás de todo: el negocio criminal, quienes se benefician y la complicidad política, policial y judicial. Urge e instamos al gobierno provincial escuchar otras voces y construir una real e integral solución territorial, ampliar el Comité gubernamental a referentes, organizaciones sociales, políticas, sindicales, académicas y de Derechos Humanos en la más amplia unidad, entendiéndose como un valor estratégico para ese contexto.

La ciudad tiene derecho a recuperar la paz y la tranquilidad.

María José Cano, Directora de Derechos Humanos de la CTA