Este martes quedó formalmente constituido el Consejo Social Asesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), encabezado por su decano, Leandro Vergara. La CTA Autónoma tuvo una destacada participación a través del secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy, quien asistió acompañado por el Director del Departamento Jurídico de la Central, Daniel Jorajuría.

El encuentro contó también con la representación de la CGT, CAME, SERPAJ, CELS, entre otras organizaciones e instituciones, en un espacio destinado a fortalecer el vínculo entre la universidad y los distintos actores de la sociedad.

La constitución de este Consejo, que será presidido por el subsecretario de la institución, Hernán Acre, responde a la convicción de que la universidad pública debe mantener un diálogo permanente con los distintos actores sociales, incorporando sus experiencias, conocimientos y perspectivas a la reflexión sobre los desafíos actuales.

En ese marco, Hugo Godoy señaló que “estamos inmersos en una gran crisis de Argentina pero también de nuestras propias instituciones y la única manera avanzar a un mayor nivel de articulación concreta con el conjunto de la comunidad, porque si no, estas instituciones o se vacían en su contenido o se alejan cada vez más de nuestro pueblo”.

“Que la Facultad de Derecho de la UBA se abra, convoque a las organizaciones, no solamente lo vemos como un reconocimiento a estas instituciones libres de pueblo y que nos alienta y nos ayuda en las responsabilidades que tenemos en cada uno de nuestros ámbitos, sino que también fortalece a la propia Universidad”, agregó Godoy.

“Nuestra participación no solo busca aportar al funcionamiento del Consejo Social Asesor, sino también reafirmar nuestro compromiso con la educación pública y gratuita, especialmente en un momento en que está siendo cuestionada y atacada”.

Asimismo, sostuvo que “para los trabajadores, este espacio adquiere una relevancia particular. Muchas de las transformaciones estructurales que se están llevando adelante en la Argentina, y que consideramos inconstitucionales, requieren ámbitos de debate, análisis jurídico y construcción de consensos. Y qué mejor lugar que la Facultad de Derecho para dar esas discusiones y encontrar herramientas que permitan revertir esas situaciones”.

Por último, remarcó que “valoramos profundamente esta convocatoria y asumimos el compromiso de contribuir, desde nuestra experiencia y nuestras convicciones, al fortalecimiento de la Universidad Pública y al servicio de una sociedad más justa”.