Iara Rueda tenía 16 años cuando desapareció el 23 de septiembre de 2020. Fue en la Ciudad de Palpalá, a 15 kilómetros de San Salvador de Jujuy, donde vivía con su papá, su mamá y sus hermanas. Había ido a buscar una tarea de la escuela y estuvo desaparecida por 5 días hasta que se encontró su cuerpo sin vida en un lugar donde la familia y la comunidad había buscado varias veces. A pesar de que la familia denunció su desaparición el mismo que día que no volvió a su casa, la policía no activó el protocolo de búsqueda que debe ser urgente sobre todo cuando se trata de una menor de edad.
“Participamos desde el inicio de la lucha de la familia, en estos más de dos años. Hace poquito confirmaron esta fecha como inicio del juicio que empezó ayer 13 de abril. Acompañamos desde afuera en la primera audiencia que duró alrededor de 8 horas con los primeros testigos en donde declaró la mamá. La característica más importante que tuvo esta audiencia es que a pesar de ser un juicio oral y público fue cerrada y no se permitió el ingreso de la prensa y no se va a permitir en el resto de las audiencias.”, dijo Miriam Morales, Secretaria de Géneros y Diversidades de la CTA jujeña.
La dirigenta dijo además que “el acompañamiento de la Central fue, junto con otras organizaciones que integran la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Jujuy, afuera, reclamando y haciendo saber que desde el primer momento estamos acompañando esta causa junto a otras para que se haga justicia por los femicidios que hay en Jujuy”.
“Pedimos que se esclarezca porque hay muchas cosas que no están claras y además está involucrado el poder en este femicidio: cuando Iara desaparece salió todo el pueblo a rastrillar y a buscarla durante una semana, pero el Estado no lo hizo y su cuerpo aparece luego de un apagón. Desde cualquier lugar no se realiza un apagón y el cuerpo apareció plantado en un lugar que ya había sido rastrillado y en el que hay muchas personas involucradas.”, explica Miriam.
Y Concluye: “Nosotras denunciamos que este femicidio tiene que esclarecerse y tienen que pagar los responsables, también hay una causa hacia la policía y nuestro acompañamiento en esta ocasión fue afuera, en la calle porque a los tribunales no nos dejaban entrar ni a las organizaciones ni a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ni a los medios. Pedimos que realmente sea un juicio público pero el tribunal estaba vallado con policías, un paisaje lamentablemente habitual. Esto ya lo vivimos el 8 de marzo cuando fuimos reprimidas. Se usan las fuerzas de seguridad contras las organizaciones que pedimos justicia”.
