En una reunión con participación de representantes de múltiples jurisdicciones, la FJA expuso el impacto de la interrupción de transferencias desde Nación hacia las provincias, en el marco de la política de “déficit cero”, y se alertó sobre los riesgos de avanzar en la llamada “armonización” de los sistemas previsionales.
Según el diagnóstico compartido, estas medidas podrían implicar pérdida de derechos, aumento de la edad jubilatoria y reducción de haberes, afectando tanto a trabajadores activos como jubilados.
También se señaló el impacto de la precarización laboral sobre el financiamiento del sistema, así como la existencia de deudas millonarias de la Nación con las cajas provinciales.
En ese contexto, la FJA alertó sobre el peligro de reformas estructurales que avancen hacia esquemas de capitalización privada, recordando las consecuencias negativas de experiencias como las AFJP.
Frente a este escenario, la Federación definió una agenda de acción que incluye la articulación con otros espacios sindicales, la promoción de medidas de lucha, acciones judiciales y campañas de difusión para defender el sistema previsional como un derecho.
“Es imperativo actuar con premura y visión estratégica para evitar que el sistema previsional deje de ser un derecho y se convierta en un negocio”, señaló el secretario general de la FJA, Matías Fachal.
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