“Lavar la ropa, cocinar, sacar la basura, dar un remedio a una persona enferma, ayudar con los deberes escolares de les niñes, son algunas tareas de cuidado que realizamos en forma cotidiana. Puede ser en nuestras casas o barrios; o en nuestro empleo si formamos parte del llamado “sector laboral de cuidados”: empleadas de casas particulares, docentes, auxiliares de educación, cocineres, trabajadores de la salud, de lugares de infancia y adolescencia, recolectores de residuos”, se lee en el comienzo del documento sobre las tareas de cuidados que llevó adelante la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Géneros de la CTA Autónoma, junto al Observatorio del Derecho Social de la misma Central.

El informe también señala que cuando las tareas de cuidados se realizan en la esfera laboral pública como en los hospitales o en las escuelas queda claro que es un trabajo y por lo tanto debe ser remunerado, pero cuando estas tareas se llevan adelante en los hogares o en las comunidades, reconocerlas como trabajo suele ser más difícil. “Pese a que todes, a lo largo de la vida, necesitamos ser cuidados, estas tareas no pagas o mal pagas, no las asume la sociedad en forma equitativa, sino que recaen en las mujeres y cuerpos feminizados. Esa desigual distribución de la organización social de los cuidados es producto de la división sexual del trabajo, que estipula culturalmente cuál es el rol, trabajo, tareas de las mujeres, cuál el de los varones y también el “lugar” de las personas LGTBIQ”, dice el documento.

Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en Argentina 9 de cada 10 mujeres realizan las tareas de cuidado, que significan, en promedio 6,4hs diarias invertidas en trabajo no remunerado. Esto equivale a 3 veces más del tiempo que dedican los varones.

Para la CTA Autónoma, una ley de cuidados, para ser integral, debería incluir:
● Políticas que generen trabajo estable en condiciones laborales y salariales dignas, así como jubilaciones y pensiones que cubran las necesidades básicas de toda la ciudadanía.
● Acuerdos tripartitos de reducción de las jornadas laborales, sin rebaja salarial, que motoricen la generación de mayores puestos de trabajo y faciliten la corresponsabilidad en los trabajos de cuidado en los hogares.
● Políticas de inversión estatal destinadas a los sectores de cuidados que garanticen los derechos de les trabajadores en cuanto a condiciones laborales, salarios y jubilación digna.
● Reconocimiento laboral y salarial de las tareas de cuidado comunitarias.
● Creación de un Observatorio Nacional del Estado para la generación de estadísticas en materia de cuidados o su relevamiento en el marco del INDEC.
● Creación de un registro nacional de cuidadores y lugares de cuidado.
● Creación y desarrollo federal de carreras/tecnicaturas de formación de cuidadores, por parte de los Estados, para la jerarquización y profesionalización de les cuidadores domiciliaries. Para ello, el contenido curricular debe contener: las necesidades de les adultos mayores, infancias y personas con discapacidad; los distintos modelos familiares y; formación en géneros y diversidades.
● Garantizar la organización y sindicalización de les cuidadores e impulsar su reconocimiento y encuadramiento como trabajadores, con salarios y condiciones laborales dignas.
● Jerarquización y reconocimiento salarial, con generación de empleo genuino y digno, de los trabajos de cuidados comunitarios no remunerados.
● Salario universal para las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza y/o estén imposibilitadas de trabajar.
● Asignación Universal para les mayores de 65 años que no sean beneficiarios de jubilaciones.
● Salarios familiares universales: los llamados salarios familiares, al no ser universales, marcan una profunda inequidad hacia las niñeces, de acuerdo al ingreso o registración laboral de la persona empleada.
● Ampliación de los servicios de cuidados de salud, poniendo énfasis en la atención primaria y domiciliaria.
● Ampliación de los servicios de jardines para las infancias en los barrios, lugares de estudio, de trabajo, empresas y de escuelas de doble jornada en todo el país.
● Políticas para las personas con algún tipo de discapacidad: entre 10 y el 15% de la población mundial requiere de licencias o reducciones horarias por cuidados específicos. Ello no debe implicar una pérdida salarial.
● Garantizar el acceso a la educación para niñes y adolescentes con discapacidades mediante maestres integradoras, domiciliarias, acompañantes terapéuticos, etc. financiados por el Estado, las obras sociales y/o pre-pagas.
● Políticas integrales de cuidados de la vida que promuevan: la protección de las infancias, adolescentes, jóvenes y adultes, la independencia de las adultas mayores y fomenten mayores niveles de autonomía.
● Desarrollar dispositivos de cuidados que promuevan el enriquecimiento y la integración de las niñeces y personas de distintas edades, evitando el aislamiento y la soledad con el intercambio de la convivencia.
● Impulsar por parte del Ministerio de Trabajo la ampliación en los convenios colectivos de trabajo y acuerdos sectoriales, de cláusulas con perspectiva de género de transferencia monetaria y compensación en tiempo de políticas de conciliación del trabajo y los cuidados que impiden la accesibilidad y desarrollo laboral de las mujeres.
● Políticas de vivienda y urbanización con eje en los cuidados y con prioridad de acceso para las poblaciones más vulnerables: personas con discapacidad, adultes mayores, niñeces, pueblos originarios, etc.