«Deolinda Carrizo es actualmente Directora de Género e Igualdad de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y en ese papel se encontraba desarrollando sus funciones en medio de un conflicto territorial en el paraje rural El Urunday, en Santiago del Estero.

«La orden de detención por ‘usurpación’ fue firmada por la jueza Ana Cecilia Vittar, a pedido de la fiscal auxiliar Luján González Garay y que involucra la persecución contra Carrizo y otros ocho integrantes del MOCASE, acusados de interferir en una orden de desalojo ordenado por el poder judicial local.

«Para la FeNaT-CTAA estamos ante un nuevo intento de criminalizar el reclamo de las familias por el acceso a la tierra y un nuevo hecho de persecución a militantes populares. En el contexto de los hechos que son de público conocimiento, que involucran a funcionarios judiciales actuando como empleados del poder económico para, mediante el despojo, apropiarse de los bienes comunes y de la riqueza social, a  la que decimos basta.

«Es necesario detener los cientos de desalojos, a la vez que un profundo replanteo de la tenencia y el uso que le damos a la tierra y los bienes comunes. En momentos en que gran parte de nuestro pueblo padece las consecuencias de priorizar los agro-negocios sobre la necesidad de tener pan en la mesa, es impostergable este debate.

«¡Basta de criminalizar la protesta social!

«¡Basta de perseguir a los luchadores populares!

«¡Paz, pan, tierra, techo y trabajo¡»

Omar Giuliani, Coordinador Nacional de FeNaT-CTAA y Secretario electo de Acción Social de CTAA