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Elon y Javi en Estado de litio

por Cecilia Fernández Lisso

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Milei habla de Elon Musk y de Litio como si fueran nuevos vocablos en Argentina, cuando la resistencia por la devastación de las tierras del litio lleva décadas y Elon Musk, un obsceno multimillonario, viene siendo un problema para las poblaciones mundiales desde hace mucho, mucho tiempo. Solo 127 de las personas más enriquecidas del mundo, Elon Musk incluído, producen más cantidad de dióxido de carbono que toda Argentina, o que un país del llamado primer mundo con casi 70 millones de personas, como Francia.

El Presidente anuncia casi con infantil entusiasmo que Musk lo llamó y que está «sumamente» interesado en el litio, al igual que el gobierno de EEUU y muchas empresas de ese país. Quién negaría el interés de esos sujetos en una materia prima que le sale chirola apropiársela y deja un nuevo desastre ecosistémico, económico y social en nuestro país, como ya sucede con otros extractivismos.

Por otro lado la falacia que supone que Argentina se encaminaría a ser productor mundial de litio, cuando la extracción intensiva de ese mineral no renovable, no podría durar ni 30 años y sería de un enorme impacto territorial, se calcula que una explotación promedio de litio en Argentina utiliza diez millones de metros cúbicos de agua por año. Además de la salinización de suelos y humedales, contaminación de suelos con residuos peligrosos, modificación del flujo natural superficial del agua, alteración del balance hídrico y afectación de la flora autóctona. “La construcción de caminos e infraestructura minera modifica los sistemas de drenaje de la cuenca. Por otro lado, cuando se extrae más agua de la que entra a la cuenca por lluvias, las reservas de agua dulce se salinizan porque se mueven hacia la zona central de la cuenca donde está la salmuera. Informe Impactos ambientales de la explotación de litio en los humedales y recursos hídricos del Altiplano, 2021

Para los gobiernos de la última década el litio fue sinónimo de futuro, aunque ese horizonte tuvo un significado difuso. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner hubo varios intentos para declararlo mineral estratégico, pero ninguno prosperó; tampoco se modificó su matriz extractiva. Y desde 2015, la Alianza Cambiemos -que gobernó el país hasta fines de 2019- profundizó aún más ese extractivismo al permitir de forma indiscriminada el ingreso de capitales en los territorios provinciales. Promovió un discurso de minería new age flexibilizada y a medida para las trasnacionales.

En junio de este año el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales ―con el aval del Partido Justicialista provincial y en medio de un fuerte operativo represivo― sancionó de manera inconsulta una reforma de la Constitución jujeña que contradice la Constitución Nacional y acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, de protección de los derechos indígenas. Desde entonces se constituyó el 3er Malón de la Paz en pie de lucha en el norte del país y en la Ciudad de Buenos Aires, donde se mantuvo por meses en Plaza Avellaneda frente a tribunales.

En los últimos días desde  múltiples sectores políticos, sociales y civiles, se expresó la profunda preocupación y rechazo al DNU Nº 70/2023 del Presidente de la Nación Javier Milei, por inconsulto y violatorio a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales, lo consideran improcedente, inconstitucional y recuerda a la maniobra llevada adelante por Gerardo Morales en la reforma inconstitucional de Jujuy, que continúa en conflicto.

El artículo ”Oro blanco: la violenta disputa por el agua en Argentina” se retrotrae a 2008, cuando las empresas queriendo explorar y haciendo estudios, empezaron a generar daños irreversibles en el ambiente extrayendo el agua de los salares. “Se saca más agua de la que entra y se genera un desequilibro”, aseguran los comuneros.

Hace más de una década las mineras quisieron comprar los derechos de explotación de sal a cooperativas locales. Les ofrecieron un millón de dólares. Los trabajadores lo rechazaron.

—A la empresa que venga —asegura el presidente de la cooperativa— la vamos a sacar como sea en defensa de la Pachamama, lo vamos a hacer.

Durante uno de los conflictos, los comuneros cruzaron los cerros que los separan de la cuenca Cauchari – Olaroz para observar las consecuencias del proyecto minero activo en esa región.

—Ya está bajando el agua de las vertientes, se secaron las aguadas de donde toman agua los animales. Es una lástima cómo se está dañando el lugar.

En 2018 el hidrólogo Marcelo Sticco, en colaboración con FARN, informó que existe un “riesgo de degradación irreversible de las reservas de agua dulce que yacen en los bordes de la cuenca y por debajo de los abanicos fluviales”. Las consecuencias se verán, según ese mismo informe, en “la rotura del suelo superficial de las salinas actuales, la alteración del sistema hídrico superficial y una afectación significativa del proceso ancestral de cosecha de sal”.

La economía de la megaconcentración

El conflicto por el litio en la Argentina, ni es un caso aislado ni es solamente el conflicto del litio. El crecimiento extraordinario en sectores como el de la energía y la alimentación ha disparado de nuevo los patrimonios de los más ricos. Como revela Oxfam, 95 grandes empresas de energía y de alimentación duplicaron -y más- sus beneficios en el 2022. Generaron 306 000 millones de dólares, y destinaron 257 000 (el 84%) a remunerar a sus ricos accionistas.

La dinastía familiar Walton, propietaria del 50% de la multinacional Walmart, recibió 8 500 millones de dólares de dividendos a lo largo del año pasado. Solo en el 2022, la riqueza del multimillonario indio Gautam Adani, propietario de grandes compañías energéticas, se ha incrementado en 42 000 millones de dólares (un 46%). En Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, estos enormes beneficios empresariales han contribuido como mínimo al 50% del crecimiento de la inflación.

Mientras tanto, al menos 1 700 millones de trabajadores viven en países donde el crecimiento de la inflación se sitúa por encima del de los salarios, y más de 820 millones de personas en todo el mundo (aproximadamente una de cada diez) pasan hambre.

Décadas de recortes y privilegios fiscales para las grandes fortunas y grandes empresas han sido cómplices del aumento de la desigualdad, de tal forma que, en la práctica, en muchos países, las personas con rentas más bajas acaban pagando tipos impositivos efectivos superiores a los que tributan los multimillonarios.

Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, pagó un «tipo impositivo real» de alrededor del 3% entre 2014 y 2018. Sin embargo, Aber Christine, vendedora de harina de Uganda, paga en impuestos el 40% de lo que logra facturar, ganando apenas 80 dólares al mes.

Por cada dólar recaudado en ingresos fiscales en el mundo, únicamente cuatro centavos proceden de gravar la riqueza. La mitad de los multimillonarios vive en países que no aplican ningún tipo de impuesto de sucesiones a la riqueza que estos transfieren a sus descendientes directos. Por lo tanto, cinco billones de dólares irán a parar, libres de impuestos, a sus correspondientes herederos; un importe que supera el PBI de África y que perpetuará una nueva generación de élites aristocráticas.

Rentas, no trabajo 

La mayor parte de los ingresos de las personas más ricas no se derivan de su trabajo, sino que son esencialmente rentas de capital sobre sus activos. Sin embargo, la tributación sobre las rentas de capital se sitúa en torno al 18% en promedio, aproximadamente la mitad de los tipos marginales sobre las rentas del trabajo.

De hecho, los impuestos aplicables a los más ricos han llegado a ser históricamente mucho más altos. Durante los últimos 40 años, gobiernos de África, Asia, Europa y las Américas han ido reduciendo los tipos impositivos sobre las rentas más altas, mientras se han elevado los impuestos al consumo sobre bienes y servicios, es decir, impuestos que recaen desproporcionadamente sobre quienes tienen menos y que además amplían las brechas de género.

El agravamiento de estas brechas que incrementa la desigualdad global, echaría por tierra los objetivos de desarrollo sostenible que proyectan poner fin a la pobreza extrema de cara al 2030. Sino por el contrario, refuerzan la posibilidad de que un multimillonario levante el teléfono para llamar a un Milei, comentándole su interés para llevarse el litio del país que preside.

Al cierre de este artículo, el presidente Milei no conforme con el DNU, mandó al parlamento otro paquete llamado “ley ómnibus” que propone entre otras muchísimas medidas, modificar la ley de bosques para permitir el desmonte en zonas verde y amarilla, hasta hoy prohibido. Modificar la ley de glaciares para permitir actividad minera en zona periglaciar, hasta hoy protegida. Modificar la ley de fuego para permitir la quema “tácita”.

Por: Cecilia Fernández Lisso, IEF CTA Autónoma

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