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El modelo jujeño: represión y privatización

por Adolfo "Fito" Aguirre

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La represión en Jujuy proyecta un modelo que excede ese territorio provincial y se extiende al marco nacional y regional. Entrega de los recursos a las multinacionales, avasallamiento de las comunidades originarias y desindustrialización es el modelo de la derecha que debemos enfrentar.

Primero, una declaración de principios, la clase trabajadora no renunciará jamás a idea de reindustrialización y al rol del sector público como una vía de desarrollo. Esto es lo contrario que propone el modelo de Gerardo Morales en Jujuy y de la derecha encarnada en Juntos por el Cambio que aspira a retomar el gobierno en las elecciones de octubre.

El 20 de junio de 2023 Morales ordenó una brutal represión policial contra manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial. Cientos detenidos, muchos de ellos que aún permanecen injustamente en prisión, más de 170 heridos y el asedio a la población que se ha enfrentado al autoritarismo. La respuesta fue un paro nacional y movilizaciones en todo el país demostrando que las organizaciones populares serán el dique de contención al modelo depredador.

Morales asumió la gobernación de Jujuy el 10 de diciembre de 2015. Desde entonces inició una escalada para cooptar los poderes del Estado y cercar a los opositores. Un caso emblemático es el de dirigenta social Milagro Sala detenida hace más de siete años.

La gravedad de lo que ocurrido en Jujuy nos llevó a denunciar internacionalmente en la 111ª Conferencia Internacional de la OIT en Suiza este Estado de Sitio de hecho  que instauró Morales  por las peligrosas consecuencias que pueden traer las modificaciones efectuadas en el artículo 113 de la Ley 5860 que castiga a quienes se manifiestan con represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones. No debemos olvidar que la Argentina ha ratificado el convenio 87 de la OIT y los tratados internacionales que tienen nivel constitucional, pudiendo esto generar un perjuicio a ejercer el más elemental derecho a la ciudadanía en una provincia en la que se vulneran frecuentemente los derechos de los trabajadores del sector público y la conflictividad es habitual. También hicimos una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para detener el estado represivo que ejerce el gobierno provincial.

Quiero destacar al respecto el excelente análisis que hizo el Observatorio Sampay que explica por qué la Constitución de Morales es inconstitucional: “Está a la vanguardia de un modelo local de promoción de la desintegración territorial, es desafiantemente secesionista y unitaria. Lo ha presentado unilateralmente sin el consentimiento libre, previo, e informado de las 400 comunidades indígenas preexistentes en la provincia, lo que demuestra que se ha soslayado groseramente la obligación de consulta previa a todos los pueblos indígenas, tal como obliga el art 6 del Convenio 169 de la OIT. Y de la misma forma se procedió a la aprobación del nuevo texto constitucional, sin el consentimiento libre, previo, e informado de las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy”.

Especialistas del derecho y organizaciones de abogados también denunciaron que el texto constitucional es “profundamente regresivo en relación a derechos humanos. Es la primera vez que esto ocurre en 40 años de democracia: hasta el momento, todas las reformas constitucionales, aún con sus problemas, habían dejado un saldo de ampliación de derechos. En este caso, no sólo no amplía, sino que retrocede en relación con la constitución actualmente vigente. Desaparecen los derechos de los pueblos indígenas, se limita la protesta social hasta el punto de convertirla en una contravención grave, no se reconocen los derechos medioambientales ni la defensa de la naturaleza”.

Desde la CTA-Autónoma y la Coordinación de Trabajadores/as de la Industria  (CNTI) venimos denunciando que Morales ejerce un modelo de apropiación de los recursos naturales, especialmente el litio, para su posterior extranjerización sin valor agregado y sin consulta a las comunidades originarias, violando el Convenio 169 de la OIT. Para garantizar este saqueo impuso una reforma constitucional que criminaliza la protesta social, persigue a los dirigentes y militantes sociales y le regala los recursos a las compañías multinacionales.

El litio puede ser un factor clave para industrialización nacional, el cambio de matriz productiva y la integración, ya que las mayores reservas del mundo las poseen Argentina, Bolivia y Chile, ¿por qué no imaginar entonces una empresa trinacional pública? Nuestra estrategia debe contemplar  el respeto a los pueblos originarios en el marco de acciones y legislaciones para una transición justa con políticas industriales y trabajos dignos. El litio no puede ser regalado a las empresas extranjeras y que nuestros pueblos no se beneficien, pero este es el proyecto de la derecha, entregarlo por migajas.

El modelo de desarrollo que propugnamos es fortalecer la integración mediante la industrialización del Cono Sur y profundizar las alianzas sindicales para garantizar la creación de trabajo digno con justicia social.

Nuestra CNTI viajó a la provincia a solidarizarse con esa lucha y emitió la siguiente declaración. “La industria debe entenderse desde la sustentabilidad y el cuidado de la biodiversidad de nuestro pueblo y su medio ambiente. En el caso de Jujuy, la extracción del litio no puede llevarse adelante a costa de los territorios de los pueblos originarios y, es por eso, que respaldamos la pelea por el derecho a la tierra; afirmamos que Morales ha quebrantado con esta reforma constitucional el Convenio 169 de la OIT. Decimos NO a la extranjerización de nuestros recursos naturales, ya que consideramos que la industrialización debe ser en territorio de origen, como es el caso del litio, de manera tal que se generen nuevos y genuinos puestos de trabajo, dejando divisas que pongan de pie la estructura económica de nuestro país y no la extracción indiscriminada que se fuga de la Argentina”.

El modelo de ajuste de Morales solo puede aplicarse criminalizando a la clase trabajadora.  Actualmente, a pesar del silencio de los medios masivos, la Multisectorial en Contra de la Reforma Constitucional sigue protestando contra el gobierno de Morales, así como los pueblos indígenas contra la vulneración de sus derechos. Las acciones intimidatorias del gobierno siguen, pero el pueblo no se resignará.

*Por Adolfo «Fito» Aguirre, Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA-A y Coordinador General Nacional de la CNTI.

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