La iniciativa Escudo de las Américas fue presentada en marzo de 2026 como un marco de cooperación en materia de seguridad y defensa capitaneado por EEUU que hoy reúne bajo su órbita a Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, y Trinidad y Tobago. Desde entonces ha celebrado dos cumbres en los Estados Unidos. Su funcionamiento es presentado como la expansión de la “Coalición contra los Carteles de las Américas” y pronto extendió su rango de operaciones a otras áreas como el control migratorio y el control y protección de infraestructura crítica y minerales estratégicos.
La plataforma promueve la designación de carteles y otras organizaciones vinculadas al narcotráfico como amenazas terroristas, alentando la militarización de la estrategia estatal para responder a este fenómeno e incorporando el uso de medidas de coerción económica. Que entre las organizaciones designadas se encuentren los carteles brasileros Primer Comando de la Capital y el Comando Rojo ha sido motivo de inquietud para las autoridades brasileñas ante un posible escenario de injerencia. De ganar, el actual candidato de derechas Flavio Bolsonaro ha anunciado su voluntad de incorporar a Brasil dentro de este mecanismo.
También se promueve la incorporación de oficiales militares y de agencias de seguridad e inteligencia norteamericanas en los eslabones de la planificación, el monitoreo y la ejecución de operaciones de seguridad interna en los países miembros, extendiendo así la influencia de Washington sobre la misma estructura operativa de los aparatos de seguridad, inteligencia y defensa de la región. El discurso reanimado de la guerra contra las drogas se vuelve así una vía para diluir la autonomía estratégica y los márgenes de soberanía de los países de la región, los cuales ceden espacios crecientes en la autoría y conducción de su seguridad en nombre de la coordinación hemisférica.
El proceso de securitización de la concepción y respuesta al narcotráfico y las migraciones también demanda rediseñar los marcos jurídicos y legales para ampliar el margen de acción de fuerzas militares, extender las nociones de excepcionalidad y diluir la diferencia entre seguridad interna y defensa externa. Esto tiene entre sus fines blindar el accionar de operaciones militarizadas frente a denuncias por violaciones de derechos humanos y de garantías políticas y ciudadanas. La campaña de hundimiento de barcazas en el Caribe, prólogo al ataque contra Caracas del 3 de febrero de 2026, contribuyó a normalizar el recurso de la fuerza y su impunidad judicial como lógica de seguridad en la región.
El miércoles 7 de octubre, la justicia ecuatoriana declaró inocentes a 32 tripulantes de dos embarcaciones que fueron interceptadas y bombardeadas por Estados Unidos en aguas del Pacífico. Sus barcos forman parte de ocho embarcaciones pesqueras hundidas por militares estadounidenses en cooperación con el Gobierno ecuatoriano entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre de 2025. Este hecho ejemplifica la opacidad que rodea al accionar estadounidense y las consecuencias de que el brazo militar de Washington hoy se arroje la función de ser juez, jurado y ejecutor supraestatal en nuestra región.
Sin embargo, las operaciones marítimas han demostrado ser solo el primer paso de lo que es el proceso de absorción de la arquitectura de seguridad en el continente. Esto se complementa con el establecimiento de la Fuerza de Tareas Conjuntas para el Hemisferio Occidental, bajo órbita del Comando Sur, el cual proponer proveer “mando y control unificados a nivel táctico y operativo, e integra las capacidades militares con las 18 naciones socias de la Coalición Americana contra los Cárteles”. A la par de eso, se ha anunciado el incremento de fondos destinados a operaciones militares del Comando Sur, así como el despliegue en nuestra región de drones MQ-9 Reapers usados en operaciones militares en África y Medio Oriente. Desde diciembre de 2025, fuerzas militares estadounidenses se encuentran operando dentro de Ecuador en roles activos de combate en el terreno, ya no limitados a tareas como instructores o asesores. A esta expansión de la presencia norteamericana se sumó recientemente Colombia, tras la asunción del presidente Abelardo De La Espriella, reanimando el fantasma del Plan Colombia.
El apetito del hegemón
Aunque originalmente fue lanzado para formalizar la coordinación en las operaciones anti narcóticos – donde el narcotráfico ha sido elevado al rango de una amenaza equiparable al terrorismo -, el Escudo de las Américas ha expandido su ámbito de operaciones al control migratorio (hoy retratado como amenaza direccionada contra la seguridad de Estados Unidos), el control y la protección de infraestructura crítica, cadenas de suministros; y el acceso y control por parte de empresas de capitales norteamericanos de reservas minerales críticos, hidrocarburos y tierras raras. En la cumbre del 22 de septiembre, celebrada en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, el Secretario de Defensa/Guerra Peter Hegseth declaró: “Nuestra intención es fortalecer la resiliencia del hemisferio occidental a través de los siguientes tres pilares del Escudo de las Américas: Economía, Seguridad y Coordinación Multilateral”. Eso involucra
- Defender nuestras economías mediante el fortalecimiento de la cooperación económica; la exploración de mecanismos de control de inversiones; y la protección de las cadenas de suministro de minerales críticos a través de fuentes de abastecimiento diversificadas y confiables; y promover regulaciones para proveedores de confianza en el ámbito de la infraestructura digital, aplicadas de forma no discriminatoria. (…)
- Defender la gobernanza democrática frente a las redes narcoterroristas armadas, lo que incluye coordinar sanciones, designaciones y acciones financieras contra terroristas y delincuentes (…);
- Defender y promover el respeto mutuo por la soberanía nacional y la autodeterminación de cada nación a través de foros multilaterales para coordinar y promover objetivos y propuestas compartidas, como catalizar acciones de aplicación de la ley internacionales contra grupos delictivos organizados transnacionales o impulsar las reformas necesarias en las organizaciones multilaterales.
Para eso, los Estados adherentes (entre los cuales se encuentra Argentina) se comprometieron a “fortalecer la cooperación a través de un mayor intercambio de inteligencia; facilitar el acceso, cuando corresponda, a tecnologías y capacidades de seguridad (…) profundizar la cooperación en materia de inversiones y economía, y reforzar la consulta y la coordinación de posiciones comunes”.
Por último, el otro ángulo de esta estrategia se encuentra en el fortalecimiento de la ofensiva política. El 16 de julio, el Secretario de Estado Marco Rubio encabezó una reunión ministerial con representantes de gobiernos afines para abordar “el resurgimiento internacional del terrorismo político de extrema izquierda”. Allí, se proclamó el compromiso de “ampliar la coordinación, mejorar el intercambio de información y reforzar los mecanismos internacionales de aplicación de la ley para contrarrestar dicha amenaza”. Esto involucra la adecuación de definiciones jurídicas sobre terrorismo y violencia política para facilitar la criminalización de organizaciones políticas y sociales, y el uso de la coerción económica a través de medidas tales como el congelamiento de cuentas bancarias o billeteras virtuales. Este borramiento de las fronteras jurídicas ya ha sido ensayado en EEUU con la elevación de la etiqueta “antifa” (por antifascista) a actor terrorista, con la complejidad de que se refiere a una identidad política aplicable a un rango difuso de colectivos y no una organización específica. Su vaga definición permite un uso flexible y discrecional de medidas punitivas que incluyen el congelamiento de cuentas personales, la deportación, la supresión de garantías constitucionales. De igual manera, este endurecimiento de un estado de excepción selectivo se ha practicado con organizaciones involucradas en campañas de solidaridad por Palestina tanto en EEUU como en Europa.
Ahora, dicha lógica podría extenderse a organizaciones sindicales, movimientos sociales, LGTBQI+, estudiantiles, indígenas, entre otros, involucrados en acciones que puedan ser presentadas como una vulneración de la seguridad: la toma de un puerto o el bloqueo de rutas que conecten yacimientos de minerales críticos bien podrían ser catalogadas de “sabotaje económico”; la denuncia contra programas de ajuste o la adhesión y difusión de conceptos como anti imperialismo y anti capitalismo podrían ser tildadas de “operaciones de desestabilización”. En este tono, los miembros del Escudo de las Américas se pronunciaron en apoyo del gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia ante la ola de protestas de mediados de este año, señaladas como un intento de “…subvertir el orden constitucional y desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Bolivia”. Esto provee un nuevo encuadre que propone reimaginar al conflicto social y la protesta política de actores locales como agresiones a la estabilidad regional.
Nostalgia imperial
El Escudo de las América puede identificarse así como el mecanismo de ejecución de la visión presentada por la Estrategia de Defensa Nacional de EE.UU. de 2025 y el denominado Corolario Trump a la Doctrina Monroe (también llamada Doctrina “Donroe”): “…defenderemos de forma activa y sin miedo los intereses estadounidenses en todo el hemisferio occidental. Garantizaremos el acceso militar y comercial de Estados Unidos a zonas clave, en particular el canal de Panamá, el golfo de América y Groenlandia. Proporcionaremos al presidente Trump opciones militares creíbles para utilizar contra los narcoterroristas, dondequiera que se encuentren. Nos comprometeremos de buena fe con nuestros vecinos, desde Canadá hasta nuestros socios de América Central y del Sur, pero nos aseguraremos de que respeten y hagan su parte para defender nuestros intereses comunes. Y cuando no lo hagan, estaremos preparados para tomar medidas específicas y decisivas que sirvan concretamente a los intereses de Estados Unidos (…) el ejército estadounidense está preparado para aplicarlo con rapidez, potencia y precisión, como el mundo ha podido ver en la operación ABSOLUTE RESOLVE[1] (…) Estados Unidos ya no cederá el acceso ni la influencia sobre los territorios clave del hemisferio occidental. Por lo tanto, el Departamento de Guerra proporcionará al presidente opciones creíbles para garantizar el acceso militar y comercial de Estados Unidos a terrenos clave, desde el Ártico hasta Sudamérica (…) Nos aseguraremos de que la doctrina Monroe se respete en nuestra época.”
No se trata solo de un mecanismo de coordinación; encarna una reconceptualización de la relación entre Estados Unidos y el continente. El 5 de marzo de este año, en el marco de Conferencia Americana contra los Cárteles, Heghseth abogó por redibujar la geografía política americana, incorporando el concepto de una “Gran Norteamérica” o “Norteamérica Extendida” (Greater North America), en función de los imperativos estratégicos estadounidenses: “…Ningún país ni territorio soberano situado al norte del ecuador, desde Groenlandia hasta Ecuador y desde Alaska hasta Guyana, forma parte del «Sur Global». Es nuestro perímetro de seguridad inmediato (…) esto restablece nuestras relaciones Norte-Sur, y debemos hacerlo bien. En el Norte, Estados Unidos debe reforzar su presencia y postura en cooperación con ustedes y nuestros socios soberanos para defender nuestro perímetro de seguridad inmediato compartido. (…) al sur del Ecuador, al otro lado de esta gran región, fortaleceremos las alianzas mediante una mayor distribución de la carga. Esto les permitirá desempeñar un papel más importante en la defensa del Atlántico Sur y el Pacífico Sur, y en la protección de infraestructuras y recursos críticos en colaboración con nosotros y otras naciones occidentales.”
De esta manera, la vocación hegemónica de Washington sobre el continente es presentada como parte inherente de la seguridad nacional; seguridad que no se limita a la “prevención activa” de “amenazas” como la “migración descontrolada” o el “narcoterrorismo”, sino también el control de cadenas de suministros e infraestructura crítica. Nuestra región es visualizada como zona de preeminencia y exclusividad norteamericana, blindada a toda incidencia o interferencia de actores, rivales y competidores extra continentales. Los medios elegidos para ellos incluyen la coerción militar y económica, compromisos de deuda, las maniobras diplomáticas, incentivos comerciales y la interferencia electoral mediática y psicológica. Asimismo, se reclama concesiones políticas a las naciones objetivo, como rediseñar su marco legal y jurídico para ser más accesibles a los intereses estadounidenses.
El Escudo de las América se yergue como el marco de coordinación para el continente que afiance y facilite la apertura de los Estados de la región a la injerencia norteamericana, cristalizando con claridad la asimetría entre Washington y nuestra región, y sirviendo como instrumento para defender el proyecto hegemónico de la Casa Blanca que hoy encuentra a las distintas expresiones de derechas como sus intermediarios y subordinados.
[1] Nombre del ataque del 3 de enero de 2026 contra Caracas que concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa CIlia Flores.
Por: Julián Aguirre, Director de la Secretaría de Relaciones Internacionales de CTA Autónoma.