Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En ese marco, la realidad de nuestras juventudes en la Argentina nos pone frente a un espejo doloroso y urgente. Que el suicidio se haya consolidado como la principal causa de muerte violenta en adolescentes y jóvenes de entre 15 y 35 años no es un dato estadístico aislado: es la manifestación más extrema del sufrimiento social. No estamos ante decisiones estrictamente individuales; estamos ante la asfixia de una generación a la que se le están arrebatando el presente, las certezas y la perspectiva de futuro. Cuando un pibe o una piba decide no vivir más, lo que falla no es su psicología privada: es la red institucional y social que debió sostenerlos.
Este drama se despliega en un contexto de profunda hostilidad. El aumento de la pobreza y la falta de empleo formal configuran un escenario de subsistencia precaria donde las familias cargan con el peso de un endeudamiento asfixiante. Lejos de las redes financieras formales, los sectores populares quedan expuestos a circuitos de usura y «narco-créditos» que introducen modalidades inéditas de violencia y extorsión en los barrios. Al mismo tiempo, las niñeces y adolescencias transitan su cotidianeidad con un fuerte aislamiento mediado por pantallas y redes sociales, convirtiéndose en el blanco perfecto tanto para el flagelo de la ludopatía online y las apuestas digitales como para la vulnerabilidad extrema ante redes de trata y reclutamiento para el tráfico de estupefacientes.
Lejos de amortiguar este impacto, asistimos a un grave retroceso en las políticas públicas de contención, salud mental y educación. La deserción escolar va de la mano con una preocupante baja en la calidad educativa, transformando a la escuela —que históricamente fue el principal espacio de cuidado y detección de alertas— en una trinchera desfinanciada.
Paradójicamente, frente a este abanico de desamparos, la principal respuesta que se pretende consolidar desde el relato oficial es puramente punitiva, encarnada en la pretendida baja de la edad de imputabilidad y la reforma del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. La demagogia punitiva choca de frente con los datos reales: en la Provincia de Buenos Aires, la gran mayoría de los pibes y pibas que ingresan al sistema penal lo hacen por delitos contra la propiedad y no registran antecedentes penales previos.
Criminalizar la exclusión no previene el delito; solo perfecciona un engranaje de encierro que reproduce la marginalidad. El Estado no puede llegar solo con el patrullero y el calabozo allí donde antes se retiró con la salud, el deporte y la educación. Es un sistema cruel y no podemos avalarlo.
Si la Argentina sigue figurando históricamente en las estadísticas como uno de los países con las tasas de criminalidad y homicidios más bajas de la región, esto no se debe al endurecimiento de las penas ni a la saturación policial. Se explica, fundamentalmente, por el tejido social construido durante décadas. Es el trabajo territorial, silencioso y comunitario de las organizaciones políticas, sociales, religiosas y de derechos humanos el que ha sostenido los lazos donde el mercado excluye. Que hoy esas mismas organizaciones sean objeto de persecución, estigmatización y asfixia presupuestaria por parte del discurso de las derechas nos coloca en una cornisa peligrosísima: estamos a un paso de desbaratar esa seguridad comunitaria que tanto costó edificar, dejando el terreno libre para que las redes narcos transnacionales echen raíces definitivas en los territorios desarticulados.
Desde el Foro por la Niñez conocemos de primera mano cuál es la salida. Lo vemos diariamente en el impacto transformador de los talleres, espacios culturales, clubes de barrio y actividades que promueven la participación y el protagonismo real de los chicos. Esos espacios comunitarios salvan vidas: cambian trayectorias, generan proyectos a largo plazo, construyen redes afectivas de contención y devuelven el derecho al deseo y a la vida. Las sociedades pacíficas no se fundan sobre el miedo y la reclusión, sino sobre el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.
Es imperioso invertir en políticas de cuidado para las niñeces y sus familias. La única forma de terminar con la violencia no es multiplicando la violencia institucional; es indefectiblemente a través de un Estado presente que garantice la dignidad. En la felicidad de más niñeces se juega el futuro de nuestra comunidad entera. No podemos permitir que nuestras juventudes pierdan la esperanza ni las ganas de vivir. Es hora de reaccionar, dimensionar la gravedad de la crisis y revertirla con urgencia.
Rosario Hasperué,
Coordinadora Nacional del Foro por los Derechos de la Niñez, Secretaria de DDHH de la CTA Autónoma bonaerense.