Lo hizo luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) emitiera hoy la Resolución 393/2022 donde detalla numerosas irregularidades de la compañía.

“La IGJ viene a darnos la razón y a confirmar que la Hidden Lake es una pantalla jurídica diseñada por Lewis para comprar tierras en zona de frontera y disimular su patrimonio millonario”, dijo Rodolfo Aguiar, Secretario General de la CTA Autónoma.

“Es hora de que la Justicia se arremangue y la Cámara Comercial haga lugar a la intervención de la empresa y la liquidación de su patrimonio y que esos activos en manos del Estado financien el acceso popular a Lago Escondido.”, agregó Aguiar.

En su resolución, la IGJ aseguró que “lo que se trata de impedir es que las sociedades mercantiles sean utilizadas en detrimento del orden jurídico”.

En sus considerandos, el inspector General de Justicia Ricardo Nissen recurrió a los fallos firmes del Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación incumplidos por la empresa británica sobre la accesibilidad a Lago Escondido.

“Ante el incumplimiento de una sentencia judicial dictada hace más de 10 años en un tema de enorme repercusión social y política, no pueden existir integrantes de dicha sociedad que pretendan exhibir actuación alguna de buena fe”, agregó.