Con un Congreso rodeado de activistas y organizaciones feministas y de diversidades, Senadores sancionó este jueves la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, que establece un cupo del 1% dentro del Estado nacional para la contratación de personas travestis, transexuales y transgénero, una norma reclamada por el colectivo desde hace años.

“Tremenda la emoción de estar ahí en el Congreso, palpitando la votación del cupo trans, que viene a traer un poco de justicia, de reparación para este colectivo tan olvidado, con tantas carencias, de trabajo, de salud, de educación. Un largo camino recorrido hasta este momento, para que sea ley, para ampliar derechos.”, celebró Silvia Bergalio, de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Géneros de la CTA Autónoma.

Además la dirigente señaló los desafíos: “Ahora a seguir atentes que se cumpla la norma, para que cada vez sean más y más las personas trans con trabajo, con derechos. Y debemos ir por más, por una ley integral trans, donde haya reparación para las personas trans mayores, para que haya un plan de viviendas para que ninguna más deba dormir en la calle. ¡Hoy es un día de celebración! aunque no dejamos de preguntarnos ¿Dónde está Tehuel?”

9 de cada 10 personas travestis y trans no cuentan con un trabajo registrado, condicionando a la mayoría de ellas al ejercicio de la prostitución y, como extensión, a la violencia institucional y el deterioro de su salud integral. Además, la situación del colectivo ha empeorado notablemente durante la pandemia por el covid 19. Hoy más que nunca se requieren respuestas concretas e inmediatas.

La activista trans Marlene Wayar en diálogo con lavaca dijo que se trata de un hecho “trascendental”, ya que “esta Ley es en parte algo que exigimos desde el concepto de reparación histórica”.

“El colectivo travesti trans viene siendo excluido en lo institucional y creemos que es parte de la reparación, por ser un colectivo no individual: no es que me den a mí un monto por el daño sufrido. Hay muchísimas compañeres muertes que no se pueden reparar. Es en términos colectivos; es que la sociedad y el Estado pidan disculpas y materialicen esas disculpas”, celebró Wayar.

Y remarcó: “Es un reconocimiento a ese colectivo y un compromiso hacia delante de incorporarnos en términos de acceso: a derechos, a la vivienda, a la justicia, y sobre todo en asegurar la inclusión laboral, la empleabilidad. Esto es una porción bastante importante para ese concepto de reparación histórica, pero no es el todo”.

La ley

La Ley de Acceso al trabajo para personas trans tiene por objeto “la incorporación al trabajo formal, en sus diferentes modalidades de contratación pública y privada, de las personas trans, en condiciones de igualdad y respeto de su dignidad”, según expresa el texto de la legislación. De esta manera, establece que el Estado nacional, los organismos descentralizados, las empresas del Estado, las sociedades del Estado; las entidades autárquicas, y las personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, tienen la obligación de ocupar personas trans, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal.

Lo que se busca con esta ley es terminar con la discriminación por motivos de identidad y/o expresión de género con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección y contratación y la continuidad en el empleo.