Dicha medida, contraria al ejercicio del derecho a la protesta consagrado en la Constitución Nacional es, a todas luces, parte de una estrategia de intimidación para desactivar la conflictividad social que sus salvajes políticas económicas provocarán entre la clase trabajadora, que siempre paga los ajustes.

El derecho a la protesta social está constitucionalmente reconocido, por lo que resulta claro que se trata de un intento de frenar solamente la protesta social, ya que la misma Ministra reconoce que se podrán cortar calles para espectáculos deportivos, musicales y religiosos.

Por dicha razón, esta Central de trabajadores y trabajadoras permanecerá en Estado de Alerta y Movilización para defender los derechos conquistados a lo largo de estos 40 años de democracia.