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La CTA presentó el documental “No Other Land”, realizado por cineastas palestinos e israelíes y ganador del Oscar 2025 al Mejor Largometraje Documental. La proyección se llevó a cabo en la sala del espacio INCAA ubicada en el Hotel Héctor Quagliaro, en el marco de la campaña de la Central contra el genocidio en Gaza.
Cientos de trabajadores y trabajadoras judiciales se movilizaron hasta las puertas del Palacio de Justicia de Mendoza.
En una resolución inédita para la línea del oficialismo, el Gobierno dio de baja el Protocolo minero y ordenó iniciar consultas con los pueblos originarios.
La Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) cerró un nuevo acuerdo salarial con vigencia desde agosto. En paritaria establecieron una garantía mínima que se acerca a los $2 millones en septiembre.
La obra le permitirá al Astillero Río Santiago reparar embarciones fuera del agua y elevar y mejorar la calidad de la producción.
El dirigente relató los pormenores de su detención el jueves 28 de agosto, apuntó contra la Policía de la Provincia, el Fiscal que ordenó su confinamiento y el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, por ser responsable del operativo represivo.
Estuvo encabezado por el Gobernador bonaerense Axel Kicillof. Participaron organizaciones sindicales, cámaras empresariales, Pymes y representantes del sector productivo.
La conducción nacional de la Federación Nacional Territorial (FeNaT), de la CTA, se reunirá este jueves para analizar la coyuntura nacional y lo que describe como "la crisis de gobernabilidad que enfrenta el Gobierno, derivada de la bancarrota económica a la que se asoma el país". El objetivo será definir propuestas para dar continuidad a la "lucha contra el hambre y el saqueo de Milei y las corporaciones".
Desde el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (CiSPren) de Córdoba se planteó que no se tolerará jamás la criminalización de la protesta social.
La Federación Judicial Argentina (FJA) repudia el accionar de sectores del Poder Judicial que, convenientemente para beneficio de acusados/as de corrupción en materia de salud, seguridad social y discapacidad, dictan resoluciones que consagran la censura previa.