Asimismo, nos solidarizamos con lxs periodistas y demás trabajadorxs de la prensa que pudieran verse amedrentadxs por dichas medidas, así como por los pedidos de allanamientos solicitados por el Poder Ejecutivo para encubrir actos presuntamente ilícitos.

En efecto, un juez federal que acumula denuncias ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por acoso laboral y sexual hace lugar a una inconstitucional restricción a la libertad de prensa, obstaculizando la difusión de audios incriminatorios para las máximas esferas del Poder Ejecutivo e impidiendo que la opinión pública conozca la verdad.

La corrupción política y empresarial durante este Gobierno crece desde la estafa $Libra, las muertes por  fentanilo contaminado y ahora con el escándalo de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en el PAMI.

Estas graves denuncias se dan en el marco de una deteriorada situación socioeconómica que atraviesa nuestro pueblo, insostenible para millones de trabajadorxs que día a día ven menoscabada su capacidad de consumo por ingresos reducidos bajo la gestión libertaria: caída de salarios y jubilaciones, disolución de organismos estatales y cierres de empresas privadas.

Rechazamos la evidente corrupción que asocia al poder político con sectores empresarios inescrupulosos que acrecientan sus riquezas a costa de una mayoría empobrecida y en perjuicio directo de lxs más vulnerables.

Aún cuando subsisten algunas expectativas en las políticas oficiales, crece el malestar y la protesta popular: conflictividad en aumento, manifestaciones de repudio y luchas visibles tanto en la calle como en los procesos electorales.

Desde la FJA continuamos luchando por las reivindicaciones de lxs trabajadorxs judiciales, articulando fuerza con otros sectores en lucha, promoviendo la unidad de acción con las Centrales sindicales, impulsando la democratización del Poder Judicial y defendiendo los derechos humanos.