La CTA Autónoma repudia la arbitraria detención a la compañera Miranda Ruiz, médica feminista de la localidad de Tartagal, Salta, quien el viernes fue detenida por pedido del fiscal Gonzalo Ariel Vega y bajo la orden del Juez Mariscal Astigueta por garantizar el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo, procediendo desde las leyes vigentes, y respaldada por un Equipo Interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en el marco de la Ley 27610.
Afortunadamente, la rápida respuesta del movimiento feminista, las organizaciones del campo popular y de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en todo el país consiguió la liberación de Ruiz en pocas horas. Sin embargo, desde la CTA Autónoma nos parece necesario alertar sobre la criminalización de aquellas trabajadoras y trabajadores que son perseguidos por garantizar derechos conquistados en la lucha colectiva.
La Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo 27. 610 fue sancionada en diciembre del año 2020 y reglamentada en enero de este año. Esta conquista histórica fue resultado de un importante proceso de debate democrático, acompañado por miles y miles que en las calles dijimos que a la clandestinidad no volvemos nunca más.
Desde nuestra Central, exigimos el sobreseimiento de Miranda Ruiz, como así también los recursos necesarios para la efectiva implementación de la Ley 27610. Asimismo exigimos el cese de la criminalización a quienes con su trabajo cotidiano garantizan el derecho de las personas gestantes a decidir.
Firman el comunicado:
Ricardo Peidro, Secretario General
Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta
Hugo Godoy, Secretario Adjunto
Silvia León, Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Géneros
