El modelo de ajuste y saqueo impulsado por el Gobierno de Javier Milei, traslada el peso de la crisis a las provincias, forzándolas a asumir recortes que profundizan la desigualdad territorial.

Los salarios se desploman mes a mes por la intervención del Gobierno nacional en las paritarias, que bloquea aumentos necesarios para sostener el poder adquisitivo. Lejos de reforzar los programas sociales, el Estado avanza con recortes que impactan directamente sobre los sectores más vulnerables. Esta delicada situación se agrava con los despidos masivos y el cierre de organismos nacionales, configurando un escenario de creciente exclusión y deterioro social.

Las provincias enfrentan el ajuste fiscal inducido por Milei y Caputo a través de la eliminación casi total de las transferencias no automáticas y de una política económica recesiva. Esta situación ha reducido significativamente los ingresos provinciales, tanto por menor coparticipación como por caída de la recaudación propia.

El ajuste del gasto provincial afectó principalmente la obra pública y los salarios estatales, lo que agrava la recesión en cada distrito. Este “orden fiscal” se logró a costa del deterioro de la actividad económica, los servicios públicos y las condiciones de vida en las provincias.

Ante esta crítica situación económica que atraviesa el país, alzamos la voz para reclamar la devolución de los recursos que son del pueblo, del trabajo y de la producción de nuestra tierra.

Exigimos al Gobierno de la Nación la transferencia urgente de los fondos para asegurar el pago de salarios por encima de la línea de la pobreza, sostener la obra pública, restituir el FONID y cuidar el entramado productivo que da vida a nuestras economías regionales, entre otros aportes federales que se han dejado de cumplir. No se trata de privilegios, requerimos lo que corresponde por ley y lo que garantiza la Constitución Nacional.

Cada peso que no llega a las provincias es una escuela que no se construye, una ruta que no se termina, una pyme que cierra, un hospital que no se levanta, una familia que se queda sin ingresos. Es un golpe directo a los trabajadores, a los productores, a las cooperativas y a quienes día a día sostienen nuestras comunidades con esfuerzo y dignidad.

No vamos a permitir que se profundicen las desigualdades y se desmantelen las posibilidades de desarrollo del país. Reclamamos con firmeza y responsabilidad que se devuelvan los fondos retenidos, se respeten los acuerdos institucionales y se garantice el crecimiento de todas las regiones, sin discriminaciones.

Gobernar es defender la producción, el trabajo y la justicia social. Por un federalismo más justo, real, equitativo y solidario.