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“Aquí no está en juego el derecho a la educación, sino el derecho a la salud”

En medio de la disputa entre el Gobierno nacional y el de CABA por las clases presenciales, el abogado Pablo Kleiman destacó la postura de urgencia de Larreta como contradictoria a la provisión de conectividad y la entrega de notebooks que “quedaron planchadas” en la Justicia en 2020 para garantizar la educación.
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“Hay una falsa dicotomía entre la presencialidad sí o la presencialidad no, como si estuvieran en contra de la presencialidad si estamos todos a favor, pasa que hay un virus y no se puede negociar con un virus”, indicó al aire de Canal Abierto Radio el abogado e integrante del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma Capital, Pablo Kleiman, sobre las irregularidades en la judicialización del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021.

Al mismo tiempo informó que las ONGs ligadas al macrismo y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta fueron al Foro Contencioso Administrativo de la Corte de la Ciudad, que ejerce la competencia originaria y exclusiva según el Artículo 117 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el conflicto de intereses es evidente: “Es nulo que una de las juezas que resuelve, Nieves Macchiaveli, es la hermana de Eduardo Macchiaveli, el secretario general a nivel nacional del Pro, y secretario de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto en este debate están en juego las políticas del gobierno del que participa su hermano”.

Kleiman también destacó: “No está en juego para nada el derecho a la educación, y además si hay derechos en pugna, por un lado el derecho a la vida y a la salud y por otro el derecho a la educación, cuál primaría, es obvio. No se suspenden las clases indefinidamente sino que se tomó esta medida temporalmente, frente al pico de contagios y la circulación de las nuevas cepas”.

El propio gobierno de Alberto Fernández ayudó con la construcción de la idea de que las escuelas y las aulas – así como sectores industriales o de servicios – son lugares seguros donde se respetan los protocolos de distanciamiento, limpieza y ventilación. Ratificado por Nicolás Trotta, ministro de Educación, y Carla Vizzotti, ministra de Salud.

Al respecto, Kleiman aseveró: “Por otro lado el gobierno de la Ciudad, erigiéndose el defensor de la educación cuando faltan vacantes, cierran escuelas, no construyeron jardines.  En el 2020, la CTA junto a otras organizaciones, presentaron un amparo para garantizar conectividad de internet y netbooks a todos los estudiantes que no tenían, que fue aprobado en primera instancia por el Juez Roberto Gallardo, y exigió que se le entreguen computadoras y conectividad a todos los chicos que así lo requieran”.

“El tribunal de Justicia de la Ciudad, que es el mismo tribunal que está interviniendo ahora, quitó a Gallardo, dejó en suspensión esa medida hasta que se resuelva el asunto, y un año después, todavía no lo resolvieron. Entonces es contradictoria la urgencia en no resolver la cuestión de la conectividad y las netbooks de hace un año, dejarlas planchadas, y ahora de repente están todos con la locura de la educación”, agregó el abogado.

Kleiman, quien también desarrolla su actividad en lo laboral, subrayó que estas diferencias “dan lugar a que las patronales despidan y aprieten a los docentes que si no van a trabajar y quieren cuidar su salud, los van a echar, como el caso del colegio ORT que la semana pasada despidió a dos docentes por adherir al paro: Acá las empresas, los empresarios creen que no se les aplica las leyes que se les aplica a todo el mundo, la huelga es un derecho constitucional y los despiden por hacer huelga”.

Y finalizó: “En el medio hay cuestiones jurídicas que quedan en el aire. Si soy docente y tengo un accidente al ir a trabajar, la ART va a decir que no me cubre porque estaba licenciado por el gobierno nacional y por lo tanto, más allá de que se tenga razón es un litigio más previo al que después tengo por la reparación de un accidente que ya demora ocho años”.

Escuchá la columna completa:

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