La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) denunciaron un incremento de las acciones del Gobierno panameño contra dirigentes sindicales y organizaciones de trabajadores, mediante una política de persecución, criminalización y debilitamiento de la actividad gremial.

Según las organizaciones sindicales, la estrategia oficial combina la judicialización de la protesta social, la intimidación y distintas medidas dirigidas contra dirigentes. Entre los casos denunciados se encuentran los de Saúl Méndez, secretario general del SUNTRACS, actualmente exiliado; Genaro López, dirigente de la CONUSI y miembro del SUNTRACS, quien estuvo detenido en una cárcel de máxima seguridad y actualmente debe presentarse dos veces por semana ante las autoridades y lleva un brazalete electrónico; y Marco Andrade, secretario general de la CONUSI, bajo arresto domiciliario.

También se encuentran en esta situación Erasmo Cerrud, dirigente del SUNTRACS y miembro de la CONUSI, quien permanece en la embajada de Nicaragua a la espera de un salvoconducto para abandonar el país; Jime Caballero, dirigente del SUNTRACS, quien estuvo detenido y actualmente cumple arresto domiciliario con brazalete electrónico; y Ariel Rodríguez, también dirigente del SUNTRACS, quien permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad desde el 16 de diciembre.

Las organizaciones sindicales sostienen además que alrededor de 83 trabajadores de un solo proyecto de construcción, el Hospital del Niño, enfrentan procesos judiciales. En el caso del SUNTRACS, aseguran que son cerca de 200 los trabajadores afiliados que tienen causas abiertas, situación que califican como persecución judicial contra la organización y sus integrantes.

El conflicto con el SUNTRACS

La ofensiva también alcanzó directamente la estructura económica y organizativa del sindicato, y aque las cuentas bancarias del SUNTRACS fueron bloqueadas, afectando los recursos provenientes de las cuotas de sus afiliados.

A esto se sumó el pedido de disolución de la organización ante los tribunales laborales, una medida impulsada por el Ministerio de Trabajo panameño. El SUNTRACS es uno de los principales sindicatos del país y representa a decenas de miles de trabajadores de la construcción.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) advirtió sobre el deterioro de los derechos laborales en Panamá. En su Índice Global de los Derechos 2026, publicado en junio, la organización incorporó por primera vez a Panamá a la lista de los 10 peores países del mundo para los trabajadores, junto con Argentina, Belarús, Ecuador, Egipto, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Túnez y Türkiye. Panamá pasó de la categoría 4 a la categoría 5, que implica que los derechos de los trabajadores no están garantizados.

La CSI señaló que el deterioro de la situación panameña estuvo asociado, entre otros factores, a la represión de huelgas, restricciones a las protestas y ataques contra dirigentes sindicales. El informe también advierte que las Américas registraron en 2026 su peor promedio histórico desde el inicio del índice en 2014.

Solidaridad de la CTA Autónoma y la CNTI

Frente a esta situación, la CTA Autónoma manifestó su solidaridad con las organizaciones sindicales de Panamá.  También,  la Coordinación Nacional de Trabajadores/as de la Industria (CNTI-CTA), que integra la Federación Internacional de Trabajadores del Sector Energético e Hidrocarburífero de Latinoamérica y el Caribe (FITEHLyC), expresó su apoyo total al movimiento obrero panameño.

Durante la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, la central argentina intervino en la Comisión de Aplicación de Normas para respaldar las denuncias de la CONUSI, la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá y Convergencia Sindical, y expresó particularmente su solidaridad con el SUNTRACS. La CTA denunció ante la OIT la represión, el ataque a la libertad sindical, el bloqueo de cuentas sindicales y la criminalización de la protesta.

La CTA también denunció que Panamá continúa siendo objeto de observaciones de los órganos de control de la OIT por violaciones vinculadas con la libertad sindical, entre ellas la persecución y detención de dirigentes, la criminalización de la actividad sindical y las restricciones al ejercicio de acciones colectivas.

La solidaridad de las centrales argentinas con el movimiento sindical panameño se había expresado además en febrero de 2026, cuando la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT repudiaron la expulsión de Panamá del dirigente sindical Marcelo Di Stefano, secretario de Fortalecimiento y Organización Sindical de la Confederación Sindical de las Américas (CSA).

La situación denunciada por las organizaciones panameñas se inscribe así en un escenario de creciente preocupación internacional por el ejercicio de los derechos sindicales en el país. La inclusión de Panamá entre los diez peores países para los trabajadores según el Índice Global de los Derechos 2026 de la CSI refuerza las denuncias de las organizaciones sindicales y coloca nuevamente en el centro del debate el respeto a la libertad sindical, el derecho de huelga y la protección de quienes ejercen la representación de los trabajadores.