La reunión se desarrolló esta mañana en el Anexo de la Cámara de Diputados, y tuvo como objetivo analizar en conjunto la situación actual del derecho a la protesta social. Fue convocada por el diputado del Bloque de Unión por la Patria, Horacio Pietragalla y estuvieron presentes organizaciones sociales, organismos de DDHH, sindicatos y centrales obreras. Allí se presentaron casos y situaciones sobre la vulneración del derecho a la protesta.
Una comitiva de la CTA Autónoma, encabezada por el Secretario Adjunto, Ricardo Peidro, participó de la audiencia. La representación de la Central también estuvo integrada por Leandro Sánchez, Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM- CTA) y Secretario General Adjunto de la CTA Misiones, docente criminalizado por luchar; María José Cano, Directora del Departamento de DDHH de la Central; y Jimena Frankel, Coordinadora del Monitor de Respuestas Represivas de la CTA.
Ricardo Peidro y Leandro Sánchez tomaron la palabra en nombre de la Central.
En principio Peidro presentó los datos elaborados por el Monitor de Respuestas Represivas estatales o paraestatales. Esta herramienta de relevamiento y análisis produce insumos para la clase trabajadora con el fin de intervenir frente a la realidad represiva que busca limitar sus luchas. “Los datos que tenemos son alarmantes”, advirtió.
Al respecto, informó que desde el inicio de la gestión de Milei, el Monitor registró un fuerte incremento tanto en la represión como en la cantidad de víctimas: “Hubo 2.648 heridos y 381 detenidos. Si comparamos el 2025 con el año anterior, la cantidad de heridos aumentó un 28% y la de detenidos un 128%”.
Peidro ejemplificó la situación con las condenas a los dirigentes misioneros Mónica Gurina y Leandro Sánchez, así como el caso de Federico Giuliani, secretario general de la CTA Córdoba, y los 14 compañeros y compañeras criminalizados junto a él por reclamar alimentos: “No es que esto nos sorprenda. Cuando este gobierno anunció su programa, sabíamos que el correlato de las políticas de ajuste, pobreza e indigencia es, indefectiblemente, la represión”, afirmó, y denunció: “Este gobierno asume que la represión es parte central de su política”.
Finalmente, Peidro remarcó que la estrategia de resistencia debe basarse en profundizar la unidad: “Planteamos la unidad para resistir, para proponer y para derrotar este modelo. También debemos mantener una línea de unidad en las respuestas ante las acciones represivas”.
Leandro, por su parte contó que es maestro: “en el 2024 salimos a la calle con los docentes misioneros, en lo que la prensa después dio en llamar el misionerazo. Ahora estamos condenados. Yo tengo una condena a ocho meses de prisión y trabajos comunitarios; y mi compañera Mónica Gurina, secretaria general de la CTA autónoma, a diez meses de prisión en suspenso”.
El dirigente dijo que la persecución tiene como objetivo que no denuncien la situación salarial en misiones: “hoy un maestro en nuestra provincia cobra 711 mil pesos por ir todos los días a la escuela, para darle de comer a los alumnos. Y pagan 550 pesos por día por alumno, en la escuela, para una jornada completa, que hay que dar desayuno y almuerzo. No quieren que contemos esto, que las escuelas se nos caen a pedazos”.
Tras la denuncia, Sánchez afirmó: “nosotros vamos a seguir buscando respuestas, aunque nos metan presos. Y si nos meten presos, vamos a dar clases en la cárcel y si no, vamos a seguir movilizándonos para buscar lo que nos hace falta, pero no podemos seguir en esta situación, lo vamos a seguir buscando hasta la victoria siempre”.
