Al cumplirse un nuevo aniversario de la promulgación de la Ley de Migraciones N.º 25.871, ocurrida el 21 de enero de 2004, desde la CTA Autónoma, a través de su Dirección de Migrantes en la Secretaría de Derechos Humanos, reafirmamos nuestro compromiso con una política migratoria basada en los derechos humanos, la igualdad y la justicia social.

La Ley 25.871 marcó un punto de inflexión en la historia migratoria de nuestro país. Dejó atrás modelos excluyentes y represivos y reconoció a la migración como un derecho humano, garantizando el acceso a la salud, la educación, el trabajo, la justicia y la reunificación familiar. Nada de esto fue un regalo: fue el resultado de años de lucha de las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.

Hoy, sin embargo, las reformas migratorias impulsadas en los últimos meses por el gobierno nacional van en sentido contrario. Se reinstala una mirada centrada en el control y el castigo, que vuelve a poner a las personas migrantes bajo sospecha y pone en riesgo derechos que costaron mucho conquistar. Estas medidas no solo contradicen el espíritu de la Ley de Migraciones, sino que profundizan la precarización, la discriminación y la criminalización de la migración.

Desde la CTA Autónoma denunciamos que estas políticas forman parte de un ajuste regresivo que impacta de lleno en los sectores más vulnerables, entre ellos las personas migrantes y sus familias. No vamos a aceptar que se vacíe de contenido una ley que es parte del patrimonio del movimiento popular y de la historia de las luchas por los derechos humanos en la Argentina.

Reivindicamos la plena vigencia de la Ley 25.871 y exigimos:

-Que se frene cualquier reforma que implique un retroceso en derechos

-El respeto irrestricto al debido proceso y a las garantías constitucionales

-Políticas públicas orientadas a la inclusión, la regularización y el acceso real a derechos

-La migración no es un delito.

-Los derechos no se ajustan.

-La organización y la lucha son el camino.