A más de cinco siglos del inicio de la invasión colonial sobre los territorios de Abya Yala, el 12 de octubre sigue siendo en Argentina, y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, un campo de disputa por la memoria, los derechos y la dignidad de los pueblos originarios.

El Estado argentino ha reconocido —tanto en la Constitución Nacional como en normativas locales y en tratados internacionales con jerarquía constitucional— la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como su derecho a la tierra, a la identidad, a la consulta previa, libre e informada y a la participación política.

Sin embargo, esas conquistas jurídicas, fruto de siglos de resistencia y organización, chocan cotidianamente con prácticas institucionales de negación, racismo estructural y expulsión territorial, especialmente visibles en una ciudad construida sobre una narrativa eurocéntrica que oculta deliberadamente a los pueblos originarios urbanos.

El Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional obligan a los Estados —incluido el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires— a garantizar la preservación de las identidades culturales y el respeto por las formas propias de organización social. Sin embargo, este año el Gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri, avanzó en impedir y limitar las jornadas de memoria, denuncia y resistencia que desde hace 45 años se realizan de manera ininterrumpida los días 10, 11 y 12 de octubre en la Plaza de los Dos Congresos bajo el lema “Contrafestejo al Mal Llamado Descubrimiento de América y Día de la Raza”.

A pesar de los compromisos asumidos en reuniones previas con la organización ORCOPO y la Comisión Organizadora, el Director de Colectividades y Migrantes, Gastón Juan Santos, junto con el Ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de CABA, Ignacio Baistrocchi, desplegaron operativos de control y hostigamiento que buscan obstaculizar la realización del Contrafestejo. En lugar de garantizar derechos, enviaron personal de Espacio Público para presionar y hostigar a quienes organizamos y participamos de las actividades, sumado a la presencia policial que intimida en los alrededores.

La negativa del Gobierno de la Ciudad a coordinar una mesa de diálogo real, con acuerdos que se respeten, se tradujo en promesas vacías, trabas burocráticas y presiones directas contra una jornada histórica que forma parte del ejercicio del derecho a la memoria y la identidad colectiva.

Denunciamos que en lugar de respetar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, el Gobierno porteño despliega políticas de negación, racismo, hostigamiento y borramiento simbólico que contradicen de manera directa los derechos adquiridos por los pueblos originarios que habitan y resisten en este territorio.

No nos van a silenciar.

No nos van a expulsar de la memoria.

El territorio se camina, la identidad se ejerce y los derechos se defienden en la calle.

¡A 45 años del primer Contrafestejo, los pueblos originarios seguimos marchando por memoria, dignidad y autodeterminación!