Ayer se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1107/24, que introduce una modificación regresiva de las Leyes de Seguridad Nacional y Seguridad Interior. Esta reforma otorga al Presidente la facultad de disponer de manera discrecional de las Fuerzas Armadas (FFAA) para intervenir en cualquier conflicto o asunto de Seguridad Interna.

El DNU habilita la militarización de cualquier “objetivo de valor estratégico”, lo que incluye, entre otros, protestas, manifestaciones y conflictos sociales en empresas o establecimientos públicos. De este modo, el Gobierno busca incrementar el control social, pudiendo reprimir ya, no solo con las fuerzas de seguridad bajo el mando de Patricia Bullrich, sino también con los militares.

Esta medida rompe el consenso político y social que mantiene a las FFAA fuera de los conflictos internos, limitando su actuación a la Defensa Nacional, lo cual constituye un logro fundamental de la democracia en nuestro país.

Esta medida se anuncia a pocos días de cumplirse el primer aniversario de la gestión de Javier Milei y de la publicación del protocolo antipiquetes, en el contexto de una semana marcada por una ofensiva represiva que pone en riesgo derechos humanos como el derecho a la protesta. Entre los hechos más alarmantes se encuentran el allanamiento del domicilio de una referente del Cuba-MRT, los despidos y recortes salariales de trabajadores del Ministerio de Justicia, especialmente aquellos vinculados a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, la detención de micros que se dirigían a una movilización contra una ley de ART en la provincia de Chubut, y la reiterada represión a las protestas de jubiladxs.

El episodio de mayor gravedad tuvo lugar en la localidad de Orán, provincia de Salta. Tras el lanzamiento del plan “Güemes”, la Gendarmería Nacional asesinó a un trabajador precarizado durante un operativo de represión contra trabajadores cocaleros y bagayeros. Durante estos hechos, se reportaron varios heridos de gravedad, además de nuevas represalias ante la resistencia de los trabajadores que mantuvieron el conflicto con cortes de ruta.

Otro episodio preocupante es la reapertura de la causa por la bomba en Coordinación Federal, ocurrida en los ’70, impulsada por defensores de represores y por el genocida Kalinec. Esto marca una escalada de la persecución política y social, con el objetivo de igualar a militantes con los genocidas de la última dictadura cívico militar.

Rechazamos enérgicamente esta escalada represiva que restringe las libertades democráticas. No podemos permitir que el Gobierno de Milei utilice la militarización como herramienta para sofocar la protesta social y nuestras organizaciones, en favor de los sectores dominantes de poder y en contra del pueblo trabajador.