«Con esta lamentable decisión se pierden 900 puestos de trabajo indispensables, dedicados al asesoramiento técnico en comunidades agricultoras y de comunidades indígenas de todo el país que acompañan el proceso de producción y comercialización de productos agrícolas y artesanías de gran valor económico y sociocultural, garantizando el acceso a los alimentos para las familias y permitiendo generar importantes excedentes que llegaban a la mesa de todos.

«El INAFCI desempeña un papel fundamental para el sostenimiento de esta producción que difiere significativamente de la sobreexplotación de la tierra por parte del complejo de los agronegocios. Es indispensable su labor al lado de cooperativas y pequeñas comunidades productivas que respetan el medio ambiente y la salud de las personas. Además de que son mayoritariamente mujeres las que están al frente y se benefician de estas políticas.

«Las políticas públicas implementadas por el INAFCI recibían financiamiento internacional y han permitido la ejecución de proyectos sustentables para satisfacer necesidades a lo largo del país, agregando valor y resolviendo necesidades reales de las comunidades. El despido masivo es una tragedia ya que es trabajo necesario y representa un abandono por parte del Estado hacia las familias campesinas e indígenas cuya economía ahora se pone en serio riesgo de continuidad.

«Esta medida de gobierno se enmarca en un plan más amplio de desguace y desfinanciamiento del Estado, que afecta directamente a sectores de la sociedad cada vez más vulnerados. Rechazamos enérgicamente esta decisión y exigimos la continuidad y mejoramiento de estas  políticas públicas  para preservar el bienestar de nuestras comunidades y el desarrollo sostenible de nuestro país».

¡No al vaciamiento de la agricultura familiar, no a los 900 despidos, basta de desguace del Estado!

Hugo Godoy, Secretario General.

Mariana Mandakovic, Secrataria General Adjunta.

Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto.