Los trabajadores de seguridad de la empresa tercerizada Mega, que presta servicios en el Hospital Samic de Oberá, comenzaron hoy un paro de actividades de 48 horas. La medida incluye una permanencia en el hospital, y es en reclamo de aumento salarial y en respuesta a una serie de incumplimientos de la legislación laboral vigente por parte de la empresa.

La medida de fuerza se da en el marco de Misionerazo, donde disitintos sectores de trabajadores y trabajadoras (como docentes, trabajadores de la salud, policías, etcétera) se están movilizando en reclamo de aumentos salariales.

El principal reclamo de los trabajadores es por el incumplimiento del artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), que establece la obligación de pagar los salarios en término. Los empleados exigen que el pago se realice el cuarto día hábil de cada mes. Además, demandan el cumplimiento de la escala salarial vigente para el sector, conforme al Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 y el artículo 119 de la misma ley, que estipula un sueldo de ochocientos cuarenta mil pesos brutos por 8 horas de trabajo, monto que las empresas no están respetando.

Otra de las demandas es el pago del plus por nocturnidad, también regulado por el CCT 507/07, que los trabajadores aseguran no estar recibiendo. Esta situación de precarización extrema no solo afecta a los empleados de seguridad del Hospital Samic, sino también a otros compañeros que prestan servicios tercerizados para el Estado.

Los trabajadores señalan que los organismos estatales, al priorizar propuestas más económicas, están permitiendo que empresas que no cumplen con las normativas laborales ganen las licitaciones. Estas empresas, para ajustar sus presupuestos, precarizan y explotan a sus trabajadores, ignorando los derechos adquiridos.

La asamblea de trabajadores busca visibilizar su situación, y a la vez exigir a las autoridades competentes que tomen medidas para asegurar el cumplimiento de las leyes laborales vigentes. Hacen un llamado al organismo estatal responsable para que controle de manera efectiva a las empresas tercerizadas y garantice que se respeten los derechos de los trabajadores en todas las licitaciones y contratos públicos.