Los y las trabajadoras municipales llevaban 3 días de paro por mejoras salariales y denuncian que la represión fue ordenada por la municipalidad sin orden judicial. Juan Azalle, uno de los trabajadores perdió un ojo tras el impacto de un proyectil de goma disparado por la Policía.

La protesta, que llevaba varios días frente a la Feria Municipal, reclamaba la recategorización laboral y el pago de $16.000 acordados en paritarias —más un incremento de $18.000 por categoría— para 74 empleados. Según el cálculo sindical, la medida representaba apenas entre 3 y 4 millones de pesos del presupuesto municipal.

Por otra parte, tras la represión policial y luego de que el viernes se firmara un acta acuerdo con el Ejecutivo local, la secretaria general de la Seccional Orán de ATE, María Julia Pizola, y la secretaria de Género y Diversidad del Consejo Directivo Provincial, Florencia Pizola, informaron que tomaron conocimiento de manera informal de que existía un pedido de detención en su contra.

La información fue posteriormente confirmada por su abogado, quien constató que la fiscalía había solicitado la medida contra ambas dirigentes y otras personas que participaron del conflicto.

“Nuestro abogado fue a la Policía y confirmó que hay un pedido de detención para nosotras, pero ningún juez lo firmó”, dijo María Julia al tiempo que sus abogados están tramitando un recurso de amparo.

La fiscalía estaría acusando a las dirigentas y a una lista de trabajadores y trabajadoras municipales por “disturbios en poblado y resistencia a la autoridad”, pero ninguna fue imputada formalmente ni han tenido acceso al expediente. “No vimos la denuncia, no sabemos quién la presentó. Estimamos que proviene del municipio”, dijo la dirigenta.

El pasado viernes, luego de varios días de reclamos, se había llegado a un acuerdo con la intendenta de Hipólito Yrigoyen, Soledad Cabrera y el acta había sido firmada en la Secretaría de Trabajo, por eso la represión del sábado los sorprendió a todos y todas.