El gobierno de Milei vuelve a «sorprender» —a esta altura, el eufemismo resulta cómico— con un nuevo decreto que cercena el derecho a huelga. La medida no es un hecho aislado: es la pieza de un proyecto deliberado para disciplinar a la sociedad mediante un relato que criminaliza a la clase trabajadora —generadora real de riqueza— mientras privilegia a los especuladores financieros. Desde su asunción, el presidente lanzó una ofensiva sistemática contra las organizaciones sociales.
Su objetivo: deslegitimar a miles de compañerxs que, en cada barrio, intentan paliar las deudas de una democracia que no alimenta, no educa y niega oportunidades. Pero este ataque no es solo demagogia para satisfacer a su base fanatizada. Es la imposición de un sentido común de la crueldad: un clima donde el individualismo justifica el odio y normaliza el autoritarismo. Las señales son inconfundibles:
-Desindustrialización acelerada en favor de importadores y capitales extranjeros.
-Saqueo de bienes comunes y liberalización para la evasión fiscal, fuga de divisas y blanqueo de capitales dudosos o abiertamente ilícitos.
-Reivindicación de la dictadura coherente con la represión a jubiladxs y a toda expresión de descontento: Estado policial que criminaliza hasta a las niñeces.
-Desmantelamiento de políticas sociales y destrucción de los servicios que ofrece el Estado, cierre de programas para infancias, mujeres y diversidades.
-Ataque a la salud, educación y ciencia públicas, condenando al país al subdesarrollo y a una mayor dependencia.
Y podríamos agregar: el abandono de Tierra del Fuego, la claudicación en Malvinas y la entrega de la Antártida. Milei gobierna para una élite voraz, pero el campo popular no puede actuar como la rana en la sartén, adaptándose al calor de la barbarie hasta hervir. El infierno ya está aquí: en los barrios donde el hambre crece y las oportunidades que se les niegan a nuestros pibes favorece la marginalidad y al narco.
Pero esto es especialmente dramático con las infancias porque lxs pibxs no pueden esperar. Nosotros no podemos esperar la caída y fracaso del gobierno. Aunque la exclusión social y la pobreza viene creciendo desde la dictadura, su profundización y consolidación estructural lleva la firma de la derecha y, frente a ello, la unidad de las organizaciones populares es una urgencia.
Es necesario abandonar el posibilismo progresista y la opción del menos malo porque ello naturaliza la explotación: hay que denunciar no solo la pobreza, sino a sus responsables y cómplices; no exigir alivio, sino justicia social y buen vivir. El hambre es un crimen, y tiene responsables con nombre (las corporaciones) y ejecutores (los gobiernos de al menos los últimos tres mandatos).
En ese propósito, debemos definir para qué unirnos (un proyecto de país), postergar vedetismos porque no hay tiempo para disputas por nombres ni candidaturas. La unidad como ternura comunitaria, como respuesta popular radical y transformadora debe ser nuestra propuesta política, para concentrarnos en cómo enfrentar este modelo neoliberal que desde el Rodrigazo vampiriza nuestra riqueza y luego la fuga hacia el sistema financiero global.
Con la intención de encausar esta discusión y de un modo provisorio, retomamos algunas de las ideas que ya planteó nuestra Central:
Un fuerte impulso a la reindustrialización de aéreas claves de la producción con foco en el mercado interno y generación de empleo de calidad.
Soberanía tecnológica y productiva: apoyada en una fuerte inversión para potenciar las capacidades de universidades e institutos públicos de investigación.
Establecer como derecho inalienable y fuera de la lógica mercantil el acceso a la vivienda, salud, educación, energía y telecomunicaciones, con estricto control público.
La salida no es esperar: es organizar el descontento con nuestros sueños como bandera. Porque el capitalismo no es «el mejor sistema posible». Es la sartén que nos cocina vivos.
Omar Giuliani, Secretario General de FeNaT.
Secretario de Acción Social de CTA.