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Llaryora es Milei

por Juan Carlos Giuliani

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El “Gobierno de Unidad Provincial” promovido por el “Cordobesismo”, con el Gobernador Martín Llaryora a la cabeza, marcha viento en popa. Con la excusa de “terminar con la grieta”, el PJ cordobés suma a sus filas como funcionarios de su gabinete a dirigentes de la UCR, el PRO y, recientemente, al fundador del Movimiento Verde Cordobés y ex Jefe Comunal de Villa Ciudad Parque, Pablo Riveros, en el Área de Ambiente.

También integran el armado político-electoral de Hacemos Unidos por Córdoba que hace un cuarto de siglo es oficialismo en las provincia, el Partido Socialista, Movimiento Evita, GEN, Movimiento Libres del Sur, Partido Intransigente y otros sellos partidarios con la pretensión de dotar a la coalición de centro derecha de una pátina “progresista” cuando en realidad representa cabalmente los intereses del Agronegocio.

A tal punto, que los legisladores nacionales de Schiaretti y Llaryora -aliados de Milei- apoyan en general la Ley Ómnibus que envió el Gobierno Nacional al Congreso, y solamente rechazan el capítulo referido a retenciones y el tramo vinculado con la producción y uso de biocombustibles, porque lo único que les interesa es defender los intereses del “campo”. Que arrasen con los derechos de los trabajadores y los sectores medios o que -vía apertura indiscriminada de la economía- destruyan la industria asentada en la provincia, les importa un bledo.

Luego del ataque salarial a estatales y docentes, haciendo votar en la última sesión del año pasado un aumento de las contribuciones personales a la Caja de Jubilaciones y la suba de los aportes a la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS), Llaryora avanzó con despidos de trabajadores de salud y de otras dependencias del Estado, siguiendo al pie de la letra la política de ajustar a los de abajo en vez de hacerlo con la “casta”, tal como lo hace el Presidente, del que Llaryora es un buen alumno.

Además de este atropello a la estabilidad de trabajadoras y trabajadores del Estado -precarizados por el poder político- dejando a cientos de familias en la calle, otras medidas tomadas por el Gobierno Provincial describen con precisión el perfil del sucesor de Schiaretti, quien no ha dudado en otorgar rango preferencial en su agenda pública al tema seguridad. Por encima de la pobreza, la salud, el hambre, la educación.

La ferocidad policial para golpear a civiles que se expresaban en la vía pública el 21 de diciembre, se viralizó por las redes sociales casi al mismo tiempo que se aprobaba en la Unicameral la Ley de Seguridad, que municipaliza y privatiza una potestad del Estado Provincial: El monopolio de la fuerza pública.

La transferencia de esa responsabilidad indelegable del Estado tercerizando la función de prevenir y reprimir el delito, tiene que ver con que el objetivo no es únicamente el de contener la creciente inseguridad en la provincia, sino sobre todo el de sofocar la conflictividad social en aumento, producto del brutal ajuste impuesto por el Gobierno Nacional, obedientemente replicado por el Gobierno Provincial y los municipios.

Transformar a policías municipales en guardias pretorianas o dotar de ‘armas no letales’ a la seguridad privada, son medidas que implican una avanzada peligrosa que atenta contra la vigencia de los derechos humanos y responde al discurso retrógrado y de ultraderecha que bajan los socios del Gobernador desde la Casa Rosada.

La obsesión del control policial sobre la población llega al colmo con la reiteración -en menos de quince días- de sendos episodios de espionaje ilegal. Por el primero de los casos, ocurrido durante la Marcha del 20 de diciembre en conmemoración del “Argentinazo”, ATE y la CTA Autónoma Córdoba presentaron ante la Justicia una denuncia penal por “tareas ilegales de inteligencia y espionaje” violatorias de artículos de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional y del artículo 37 de la Constitución Nacional contra la Sargento, Claudia Melián, y el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Un día antes, había hecho lo propio la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Como si nada de esto hubiera pasado, la Sargento Melián reapareció, esta vez vestida con su uniforme policial, en la movilización convocada por ATE el 9 de enero para repudiar los despidos de Llaryora.

El segundo caso ocurrió el 3 de enero durante el lanzamiento del “Operativo Seguridad”, cuando periodistas que cubrían el acto observaron a dos efectivos policiales -que no participan del Área de Prensa del Gobierno de Córdoba, ni son identificados como trabajadores de prensa- fotografiando a los distintos asistentes al acto realizado en Villa Carlos Paz, lo que, ante el hecho anterior de público conocimiento, podría calificarse como un nuevo episodio de espionaje interno a cargo del Gobierno a través de la Policía Provincial.

Como si accionaran frente al mismo espejo, y aunque en “El Panal” busquen relativizarlo o directamente lo nieguen, lo cierto es que la gestión del Gobernador se emparenta como dos gotas de agua con la del Presidente anarco-capitalista.

Acertadamente lo afirma Medardo Ávila Vázquez -referente de Médicos de Pueblos Fumigados y Secretario General de la APDH- en una nota en la que cuestiona a fondo la decisión del otrora vocero “progresista” Pablo Riveros de sumarse como Director de Ordenamiento Territorial a un Gobierno neoliberal y ecocida: “No te confundas. Llaryora es Milei”.

Por: Juan Carlos Giuliani: Periodista. Escritor. Congresal Nacional de la CTA Autónoma en representación de la provincia de Córdoba

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por Por Juan Carlos Giuliani*

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