Desde la Red Federal de Centros de Estudio de Organizaciones Populares expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, al revocar la sentencia que había suspendido el artículo 154 del DNU 70/2023, permite que vuelva a tener efectos la derogación de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Más allá de que la decisión de la Corte no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, el máximo tribunal resolvió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) carecía de legitimación para impulsar la acción judicial. En este sentido, el fallo no reconoce a la organización mencionada como legítima, un acto repudiable por su sentido político y por el efecto que tiene. En ese marco, su consecuencia concreta es de enorme importancia política, económica y territorial, dado que vuelven a quedar sin efecto las restricciones específicas que la Ley 26.737 establecía para la adquisición y concentración de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

No se trata solamente de una discusión jurídica. Está en juego qué proyecto de país queremos construir y quiénes tendrán capacidad de decidir sobre nuestro territorio y sus bienes estratégicos.

La tierra no puede ser considerada una mercancía más. Sobre ella se produce alimento, se encuentran nuestras fuentes de agua, es decir, es la mercantilización de los medios para la vida. A la vez, en la tierra se encuentran los bienes comunes, se desarrollan comunidades y economías regionales y se asienta, en definitiva, la propia soberanía territorial. Liberar su adquisición a la capacidad económica de los grandes capitales significa profundizar un modelo que convierte nuestros territorios y bienes comunes en activos disponibles para la apropiación y valorización privada.

Esta medida no puede analizarse aisladamente. Forma parte de una orientación más general que promueve la desregulación de la economía, el debilitamiento de las capacidades estatales de intervención y control y la apertura de sectores estratégicos al gran capital nacional y transnacional. El DNU 70/2023 constituye una pieza central de ese proyecto. Que una regulación sobre un problema tan sensible para la soberanía nacional, sancionada por el Congreso, haya sido eliminada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia agrava todavía más esta situación.

Desde una perspectiva federal, la cuestión adquiere una relevancia particular. La extranjerización y concentración de la tierra no afectan un territorio abstracto. Este impacta sobre provincias, comunidades campesinas e indígenas, trabajadores rurales, producciones cooperativas, economías regionales y poblaciones que viven y trabajan cotidianamente en esos territorios. Defender la soberanía supone también defender la capacidad de nuestro pueblo de decidir democráticamente qué producir, cómo hacerlo, para satisfacer qué necesidades y bajo qué formas de propiedad y control.

La discusión abierta recientemente en el Congreso alrededor del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (en el que el Gobierno debió retirar el capítulo referido a las tierras rurales ante la falta de apoyos para su aprobación y una inmensa movilización de rechazo en las calles) pone de manifiesto una disputa más profunda que no podemos eludir, qué entendemos por propiedad cuando hablamos de la tierra. Frente a una concepción que pretende convertir la propiedad privada individual en un derecho prácticamente absoluto, entendemos que la tierra posee una función social y que su apropiación no puede desvincularse de las necesidades colectivas, la soberanía y la reproducción de la vida. Nuestra propia historia y la de los pueblos de América Latina muestran la existencia de otras relaciones posibles con el territorio, ya sea bajo formas comunitarias, cooperativas y ancestrales que cuestionan que la propiedad privada mercantil sea la única manera de organizar el acceso, uso y cuidado de la tierra. Por eso, defender los límites a la extranjerización debe ser apenas un punto de partida. Necesitamos avanzar en un debate más profundo sobre formas sociales y comunitarias de propiedad, posesión y gestión de la tierra, capaces de garantizar el derecho a habitarla y producir en ella, preservar los bienes comunes y subordinar su utilización a las necesidades de las mayorías populares y no a la rentabilidad y acumulación del capital.

Por eso consideramos necesario no solamente defender los límites establecidos por la Ley 26.737, sino avanzar en un debate más profundo sobre la propiedad, concentración y uso de la tierra en nuestro país. La soberanía territorial exige el desarrollo de políticas públicas que impidan la concentración y extranjerización, protejan los bienes comunes, garanticen el acceso a la tierra y coloquen los recursos estratégicos al servicio de las necesidades populares y de un proyecto de desarrollo soberano. La forma de defenderla y garantizar su cumplimiento es el desarrollo de poder popular de la clase trabajadora, para que el gobierno libertario, ni ningún gobierno atente contra nuestro soberanía.

La construcción de conocimiento crítico no puede permanecer ajena a esta disputa. Como Red Federal de Centros de Estudio de Organizaciones Populares entendemos que nuestra tarea es contribuir a producir información, investigación y propuestas que permitan a los trabajadores y el pueblo pobre, tener herramientas para intervenir y luchar en frente a los grandes debates nacionales.

Así mismo, apoyamos la convocatoria que se realice en los próximos días para movilizar y expresar en las calles el repudio al fallo contra la corte suprema y contra el gobierno de La Libertad Avanza que le permite continuar con su programa de saqueo y entrega.

La tierra, el agua y los bienes comunes no son mercancías. Son parte fundamental de nuestra soberanía y del futuro de nuestro pueblo.

Instituto de Estudios y Formación CTA A – IEF; Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas – IPYPP; Instituto de estudios y formación para la igualdad – IEFI; Instituto Independencia; Fundación Acción para la Comunidad – FAPC; Instituto de Estudios sobre Estado y Participación – IDEP; Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales – CICSO; Federación de Trabajadores de la Energía de Rep. Arg. – FETERA; Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas – FISYP; Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina – CEFJA; Red de Investigadores y organizaciones sociales de A. Latina RIOSALCLACSO/PIMSEP-UBA; Catedra libre Abel Bohoslavsky; Noticias de América Latina y el Caribe – NODAL; Centro de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno – CESOPMM; Centro de estudios e investigaciones sociales y económicas de Entre Ríos – CEISSER; Ateneo Neuquén; Instituto de Estudios Fiscales y Económicos – IEFE; Red de investigadores sociales migrantes y refugiados; Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana – ISEPCI; Programa de Investigación sobre el Movimiento de la sociedad argentina – PIMSA; Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados; Revista Sagitario; Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti – CEFMA; Centro de Estudios sobre Comercio Exterior de la Asamblea por la Soberanía del Puerto de Quequén; Asociación Pueblo Unido por el Tren; Asociación Civil, Cultural, Social y Deportiva el TALA.

Ver documento: Declaracion de la Red sobre el fallo de la Corte