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La Misión de Derechos Humanos presenta su informe sobre la represión en Perú y denuncia delitos de lesa humanidad

El grupo de dirigentes sociales, sindicales y políticos de Argentina recogió testimonios sobre homicidios, uso de armas de fuego, abusos sexuales, infiltrados, detenciones arbitrarias y armado de causas, entre otros crímenes de las fuerzas armadas y de seguridad y las distintas instancias estatales.
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El grupo de dirigentes sociales y gremiales y referentes de derechos humanos de Argentina que viajó a Perú presentó un adelanto de su informe sobre la grave situación que atraviesa el país andino luego del derrocamiento parlamentario de Pedro Castillo y durante todos los días que lleva el gobierno de Dina Boluarte.

La misión, que realizó tareas de observación y verificación en el territorio, y recolección de denuncias de víctimas y familiares sobre el accionar de las fuerzas represivas del Estado, advierte en las conclusiones de su relevamiento preliminar que “El Estado peruano debe ser investigado ya que en el marco de la crisis social y política ocurrida a partir del 7 de diciembre de 2022, a través de sus fuerzas armadas y de seguridad regulares habría asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo peruano. La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión, de peticionar ante las autoridades, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta”.

El organismo, que ya trabajó en las recientes crisis y estallidos en Colombia, Chile, Ecuador, en Bolivia luego del golpe de Estado y en Jujuy, está compuesto por integrantes de las organizaciones sindicales ATE, SiPreBA y CTA Autónoma, espacios de derechos humanos como Liberpueblo y XUMEK; movimientos sociales y partidos como el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha, Movimiento Popular La Dignidad, Partido Piquetero, y agrupaciones religiosas como el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres.

En su tarea, concluyeron que es “imperioso contribuir al resguardo de la vida, la verdad, la dignidad humana y el cumplimiento de reglamentos, leyes y tratados internacionales en materia de defensa de los derechos humanos”.

“El Estado peruano debe ser investigado –agregan en el balance final- por haber desplegado sobre la población civil indefensa, prácticas represivas abusivas, desproporcionadas e ilegales, utilizando para ello armamento sofisticado y letal”.

“El Estado peruano debe ser investigado por haber atacado de manera sistemática y generalizada a la población civil, especialmente a jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, líderes y lideresas sociales y prensa independiente. Deberá investigarse al Estado peruano en referencia a los delitos de lesa humanidad señalados.”, advierten.

Los detalles del horror

La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos arribó a Perú el 7 de febrero del 2023 y desplegó el trabajo en territorio hasta el 13, dividida en grupos de trabajo que se trasladaron a las ciudades más afectadas por el conflicto, entre ellas Juliaca, Ica, Cusco, Ayacucho y Lima.

Sobre el despliegue represivo, “se advierten en los testimonios rasgos comunes respecto al actuar de las fuerzas armadas y de seguridad en todo el territorio, que dan cuenta de la sistematicidad con que actúan las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas del régimen vigente”.

La observación pudo verificar en las distintas regiones que, explican, la Policía Nacional del Perú (PNP) en general, y en particular en colaboración con el Ejército, desplegó en las manifestaciones populares y sus alrededores innumerables conductas represivas. En los relatos es reiterada la mención del uso abusivo y desproporcionado de armas letales, con severas consecuencias sobre la integridad física de los participantes. Un permanente escenario que combina balaceras, humo, gas y estampidas (entre otros recursos letales) es relatado en los numerosos testimonios recogidos.

También pudo acreditarse en base a los testimonios que, “el personal policial dispara asiduamente con balas de goma y plomo a puntos letales a corta distancia provocando lesiones fatales en los manifestantes y transeúntes. En algunas regiones se pudo verificar el uso de cartuchos cargados con perdigones de plomo lanzados a corta distancia, prácticas expresamente prohibida por la Guía de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Armas Menos Letales para el cumplimiento de la Ley”.

La investigación acentúa el uso de tanquetas durante el operativo de la Universidad de San Marcos, hecho que tuvo como resultado decenas de detenidos arbitrariamente y un manifiesto ejercicio de violencia contra los estudiantes y docentes que ejercen su derecho a la protesta pacíficamente. Resaltan las denuncias de las organizaciones estudiantiles por los abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad sobre las mujeres presentes en aquel 21 de enero.

Según informan, se logró constatar en la mayoría de los relatos, que el carácter pacífico de las manifestaciones es constantemente alterado por grupos de personal policial encubiertos de apariencia civil, infiltrados en las marchas a los fines de provocar disturbios buscando activar la respuesta represiva de la policía.

“La arbitrariedad se constata en los plazos de detención acompañados de la ausencia de toda información y colaboración con familiares y asistentes legales, significando una flagrante violación al ejercicio del derecho de defensa. Las diversas organizaciones sociales a las que la Misión ha entrevistado han denunciado la existencia de personas desaparecidas pero no hemos podido constatar ni individualizar estos casos”, alertan.

Por último, señalan el uso de maniobras persecutorias sobre líderes y lideresas sociales e integrantes de comunidades indígenas “a partir de falsas imputaciones tendientes a neutralizar y disciplinar el libre ejercicio de la protesta”.

La delegación estuvo integrada por los diputados nacionales Juan Marino y Federico Fagioli (FDT); María José Cano (ATE/CTAA); Juan Grabois (Movimiento de Trabajadores Excluidos); Ramiro Gueber (La Dignidad); Marianela Navarro (Frente de Organizaciones en Lucha-FOL); el sacerdote Néstor Juárez; Pablo Garciarena (Xumek); Fernando Almejún (Liberpueblo) y otros nueve activistas con experiencia en misiones internacionales.

La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos
La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos
Las víctimas

La crisis política desatada a partir del 7 de diciembre del 2022 tuvo como resultado la emergencia de un impulso combativo que se venía gestando hace tiempo sobre la base de un gran descontento social. Las protestas comenzaron en las periferias, particularmente con el recurso de bloqueos de calles y rutas, lo que provocó una crisis de abastecimiento en las ciudades centrales, y luego se trasladó al centro, particularmente a la ciudad de Lima. Quienes encabezaron la lucha y tomaron los espacios públicos fueron los sectores populares, campesinos, comunidades indígenas provenientes de las distintas regiones, a las cuales se sumó la población autoconvocada de la ciudad capital. Estos grupos resultaron ser el principal objetivo del actuar represivo del Estado.

Por otro lado, concretamente en las ciudades, la juventud ocupó la primera línea del conflicto. Desde los barrios populares, las escuelas y universidades al epicentro de las protestas, lo cual denota el compromiso de dicho sector con las consignas sostenidas durante las manifestaciones y protestas.

Las mujeres constituyen sujetos políticos centrales en el conflicto. Por un lado la Misión identificó una “participación mayoritaria de mujeres en actividades de apoyo a las bases, es decir, las tareas de cuidado y alimentación en los lugares de albergue y refugio de provincianos”. Por otro lado, en el marco de las detenciones arbitrarias, además del atentado contra la libertad ambulatoria y el derecho de defensa, se recibieron diversos testimonios de “atentados contra la integridad sexual de las manifestantes, lo cual nos muestra un plus de violencia en razón del género”.

El campesinado y la población originaria fueron los otros sectores que protagonizaron la protesta y se convirtieron en blanco de la represión.

No sólo la Misión ha entrevistado a las víctimas sobrevivientes en sus casas, centros comunitarios, sindicales, albergues, plazas e iglesias. También lo hizo con familiares de los asesinados “y fue recogiendo el inmenso dolor transitado con una enorme dignidad y entereza. Se destaca que en la inmensa mayoría de los casos relevados existe registro audiovisual y documental, además del testimonial”.

La Misión informó que además ha recibido numerosas denuncias por la inactividad o el entorpecimiento de las distintas agencias del Estado destinadas a esclarecer el quebrantamiento de los derechos fundamentales de la población:

“En especial el Ministerio Publico Fiscal se niega a iniciar e impulsar las investigaciones vinculadas a las vulneraciones de derechos fundamentales, no obstante, avanza sobre las imputaciones y/o cargos sobre manifestantes. Por otra parte, recibimos diversos testimonios de la inacción de Defensoría del Pueblo la cual se evidencia en el inoperante monitoreo de las graves vulneraciones de derechos fundamentales. En esta línea, cabe destacar que la Misión fue recibida por Percy Castillo, Adjunto de Derechos Humanos y Discapacidades, quien señaló sucintamente la competencia que le cupo a la Defensoría en el conflicto”.

Por otra parte, el informe señala que “las empresas de comunicación actúan invisibilizando las manifestaciones pacíficas o estigmatizando. En algunos casos haciendo apología de la violencia contra grupos étnicos y políticos ideológicos. El nivel de intolerancia y falta de pluralidad de voces actúa como complemento y justificativo del esquema represivo”.

“Las empresas de comunicación buscaron presentar una imagen distorsionada o sesgada de la tarea realizada por la Misión, intentando generar desconfianza o desacreditación en la opinión pública sobre los objetivos de la misma.”, señalaron.

Los delitos

Las violaciones a los derechos humanos relevadas se pueden subdividir en los siguientes tipos penales:

  • Delitos contra la vida (homicidios)
  • Delitos contra la integridad física (lesiones varias)
  • Delitos contra la integridad sexual (abuso sexual)
  • Delitos contra la libertad (privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias, tortura)
  • Delitos contra la libertad de reunión y el libre ejercicio a la protesta
  • Delitos contra la propiedad (daño)
  • Delitos contra la libertad de tránsito
  • Delitos contra la libertad de peticionar ante las autoridades
  • Delitos contra la libertad de expresión

“Podemos señalar preliminarmente, el carácter de lesa humanidad de estos delitos, ya que configuran un ataque sistemático y generalizado dirigido contra la población civil; por lo tanto se habilita en principio la posibilidad de apertura de instancias jurisdiccionales universales.”, subraya el documento.

“El pueblo peruano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral, a través de la verdad y la justicia”, concluyen.

Fuente: Canal Abierto

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