En los mercados de cercanía, donde las familias de barrios populares realizan sus compras, hubo remarcaciones de hasta el 35% en productos de primera necesidad. Se había advertido a la Central el retraso en la entrega de módulos alimentarios a comedores y merenderos en varias ciudades de la provincia. A esa normalización de la entrega, la Central exige al Gobierno nacional una inyección urgente de aumento a asalariados y desempleados.

“Estas situaciones violentas y delictivas que vimos en Bariloche suceden cuando el Estado no da respuesta o da respuesta tarde a las demandas postergadas”, dijo Rodrigo Vicente, Secretario General de la CTA Autónoma de Río Negro.

“Pero además si los grupos empresarios concentradores de bienes básicos no declinan su actitud especulativa es lógico que el pueblo comience a reclamar sus necesidades”, agregó.

En relación a las declaraciones del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, la CTA sugirió “poner los esfuerzos más en apalear el hambre que en la organización de un comando unificado de fuerzas represivas”.

“Están vigentes los saqueos del ’89 y del 2001 en la memoria del pueblo, están vigentes los crímenes del Alto en Bariloche en 2011. No queremos muertos en nuestro pueblo”, dijo Vicente.