Bajo el título “Salud mental hoy: necesidades y desafíos”, se desarrolló un conversatorio que reunió a referentes del ámbito político y sanitario, entre ellos el diputado nacional Pablo Yedlin y la subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, Juliana Calmels.
La actividad contó con la participación de la secretaria general adjunta de la CTA Autónoma Tucumán, Alejandra Muntaner, junto a la secretaria de Relaciones Institucionales Dra Carolina Bosini de la central, en una jornada que puso el foco en la necesidad de construir una mirada colectiva y federal sobre la salud mental en la Argentina.
Durante el encuentro, la vocal de la comisión directiva de la CTA Autónoma Tucumán, Sandra Allmaraz, compartió una reflexión que sintetizó las principales preocupaciones del sector. El conversatorio, explicó, tuvo como eje el fortalecimiento de una red federal capaz de dar respuesta a una situación cada vez más compleja, atravesada por propuestas de reforma que —según advirtió— implican un retroceso en términos de derechos y generan nuevas barreras de acceso al sistema sanitario.
En ese sentido, se planteó que la salud mental en el país se encuentra hoy en una tensión crítica: por un lado, un modelo basado en los derechos humanos; por otro, el riesgo de retorno a lógicas de encierro. El impacto de la crisis socioeconómica ha profundizado los padecimientos subjetivos, mientras que las iniciativas de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental despiertan preocupación por la posibilidad de desmantelar avances comunitarios y reinstalar prácticas como la internación compulsiva.
A este escenario se suma el retiro del Estado nacional en el financiamiento de programas preventivos y territoriales, lo que agrava aún más la situación. En Tucumán, esta realidad se traduce en una demanda creciente: casi la mitad de la población presenta cuadros vinculados a la ansiedad y la depresión.
Frente a este panorama, la provincia avanzó con la sanción de la Ley de Salud Mental de Tucumán N° 9923, orientada a garantizar la atención pública y fortalecer las políticas de prevención del suicidio. Si bien se han consolidado herramientas como la teleasistencia y las guardias de 24 horas en hospitales generales, la falta de recursos nacionales pone en riesgo el desarrollo de dispositivos fundamentales para la externación, como las casas de medio camino.
Así, Tucumán enfrenta el desafío de sostener una red de atención en salud mental en medio de una emergencia social y sanitaria, con recursos cada vez más limitados, pero con la convicción de que defender estos espacios es también defender el derecho de toda la comunidad a una atención digna e integral.
