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La CTA Autónoma ante los aumentos de tarifas: La energía es un derecho humano

La Central, junto al equipo del Instituto de Estudios y Formación (IEF), elaboró un documento en el cual evalúa el impacto socioeconómico de las tarifas de servicios públicos en la comunidad y propone un debate integral sobre el asunto con el objetivo de "garantizar el acceso a la energía a precios justos y razonables".

Durante marzo se han realizado las audiencias públicas convocadas por los respectivos entes reguladores (ENRE y ENARGAS) a los efectos de discutir la factibilidad de ajustes tarifarios en las tarifas de servicios públicos de electricidad y gas natural. Asimismo, la propia Secretaría de Energía convocó a una audiencia pública con el objetivo de discutir la parte del precio mayorista del gas natural que sería solventada por el Estado nacional a través de la conocida política de subsidios.

Sin embargo, en pleno proceso de discusión pública, a principios de mayo, el ENRE oficializó ajustes de la tarifa eléctrica del 9% promedio para las empresas Edenor y Edesur, en el marco de una puja política creciente entre el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo y el propio ministro de Economía Martín Guzmán como último responsable del área energética a cargo de Darío Martínez. En esta disputa, Basualdo se manifestó partidario de un único aumento de menor impacto, mientras que Economía presionó por aumentos desdoblados para llegar a un 30% promedio. Detrás de esto, está no sólo la puja sobre los subsidios, sino el impacto real que estos ajustes tienen sobre una población que sufre el deterioro económico agravado por la emergencia sanitaria.

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