La situación fue calificada como “crítica” por las organizaciones, que advierten que se trata de una maniobra para precarizar el servicio eléctrico y disciplinar a trabajadores organizados.

Según informaron, ya se produjeron al menos 11 despidos en el sector “stand-by”, que presta servicio en emergencias en todo el país. Paulo Ferraro, uno de los despedidos con más de 10 años de antigüedad, explicó que la empresa “empezó por ofrecernos retiros voluntarios que nadie aceptó, y luego avanzaron con despidos selectivos”. En su caso, recibió el telegrama por WhatsApp tras años de trabajo en condiciones exigentes, con extensas jornadas lejos de su familia.

Marcelo Bruckler, mecánico con una década en la empresa, también fue despedido: “Nos dejaron en nuestras casas para después acusarnos de ociosos. A los organizados no nos querían mandar a trabajar, a los no afiliados sí”. Ambos testimonios coinciden en señalar que el recorte apunta a los trabajadores que forman parte de una agrupación interna que desde hace años exige el cumplimiento del convenio colectivo.

La FeTERA declaró el estado de alerta y asamblea permanente, mientras avanza con acciones legales por despidos que consideran ilegales y persecutorios. Denuncian que la empresa intenta reemplazar el convenio de Luz y Fuerza por otros más flexibles, y que en varias centrales el personal está diezmado.

Desde las organizaciones convocan a la solidaridad activa y sostienen que la pelea es por la reincorporación de los despedidos, el respeto de los derechos laborales y la calidad del servicio energético.