La Policía de la provincia del Chaco reprimió ayer a integrantes de comunidades originarias que reclamaban la restitución de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y de asignaciones universales por hijo (AUH). La represión fue en Villa Bermejito, pueblo del departamento General Güemes, en el norte de la provincia.

La movilización fue durante la mañana frente a la empresa proveedora de electricidad, Secheep, la Municipalidad y las oficinas del Juzgado de Paz, y terminó con al menos veinte personas heridas, cuatro de gravedad, y seis detenidos (dos de los cuales aun no fueron liberados).

Jorge Ñancucheo, integrante del Frente de Resistencia Rebelde Revolucionario Indígena-Campesino y la Confederación MALON, explicó que en medio de la movilización intentaron acercarse a las autoridades de la provincia: “Tanto pueblos indígenas como criollos a hacer el petitorio de los planes sociales y también por la ayuda alimentaria, cuando ellos empezaron a irrumpir con la policía montada y la infantería a tirar salvajemente sobre nuestros cuerpos durante casi tres horas”.

“Hubo seis compañeros y hermanos indígenas detenidos, dos siguen detenidos, y otros cuatro que están seriamente heridos. Un dirigente del pueblo indígena recibió seis impactos de bala de goma en el cuerpo a poca distancia.”, denunció.

Asimismo Ñancucheo indicó: “Es completamente injusto lo que está haciendo tanto el gobierno nacional como el gobierno del Chaco juntos, como el intendente. Y esto no es casual, todos responden a Milei y, como a nivel nacional reprimen a los jubilados, acá reprimen a los indígenas,”.

“Esto hoy repercute más en los pueblos indígenas por no tener ninguna de las leyes que habíamos conquistado, Milei las vetó y no tenemos defensa en el plano jurídico.”, denunció y agregó: “Hoy el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas responde solamente la política de saqueo de nuestros territorios para las multinacionales”.

Desde el Frente de Resistencia Rebelde Revolucionario Indígena-Campesino y la Confederación MALON, hacen responsables tanto al ejecutivo provincial, como nacional y municipal. Asimismo denuncian una emboscada del poder contra los pueblos; una acción de disciplinamiento, que es parte de la ofensiva nacional e internacional del extractivismo, del despojo y de la colonización renovada.