En una conferencia de prensa, los integrantes del Comité reportaron sobre la situación de los derechos humanos y las negociaciones con el gobierno de Iván Duque, al que repudiaron por la “constante represión contra la protesta social”, por su negativa “a negociar el pliego de emergencia” y le exigieron convocar a un “diálogo real ante la grave situación que se vive”.
“A la fecha tenemos 3.800 casos de extrema violencia contra los manifestantes pacíficos, más de 70 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública o personas de civil amparadas por la fuerza pública, hay cerca de 1.600 detenciones arbitrarias, hay más de 65 personas con lesiones oculares, más de 20 mujeres que han sido objeto de agresión sexual y varios casos de agresión de género”, enumeró Francisco Maltes, Presidente de la CUT, la central obrera más grande del país.
Y agregó: “Por estas razones hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que haga presencia en Colombia desde hace aproximadamente un mes (finalmente arribará al país el 8 de junio), evento al que se ha negado sistemáticamente el gobierno. La hemos solicitado porque además de estos indicadores lastimosos en este conflicto social pacifico el gobierno ha optado por la militarización, ha optado por declarar el Estado de Conmoción en ocho provincias y 13 municipios, en donde las fuerzas militares definen la forma de gobierno y no los alcaldes. Por eso, la próxima semana entregaremos ante la CIDH el protocolo de garantías para la protesta que Duque se ha negado a firmar para que se aparte de todas las violaciones a los derechos humanos que hemos evidenciado”.
Durante la rueda de prensa, de la que participaron por Argentina el portal Canal Abierto y la agencia ACTA, se consultó sobre la presencia e investigación de la Misión Argentina de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos. Al respecto, subrayó Maltes: “Es muy valioso que aparezcan más datos de lo que pasa en Colombia, este informe al igual que el que le daremos a la CIDH serán insumos muy importantes para aumentar los pronunciamientos para que el gobierno colombiano cumpla con el respeto a los derechos humanos”.
También se pronunció Diana Cecilia Gómez, Secretaria de Educación de la Central de Trabajadores de Colombia (CTC): “No pueden quedar impunes los crímenes cometidos, pedimos el respeto a la vida y esperamos soluciones a la demanda social porque ha sido un clamor del pueblo, es muy triste que el gobierno siga con esta sordera ya que llevamos muchos años de abandono por parte del Estado. El Comité Nacional de Paro es un eje articulador que recoge a todas las expresiones y el pliegue de peticiones ha sido una construcción colectiva que representa el clamor popular”, sostuvo.
Asimismo, Oscar Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria aseveró: “Participamos de este gran movimiento que ha sido receptivo a nuestra consigna que es la defensa de la soberanía alimentaria de nuestra nación y condenamos con mucha fuerza el tratamiento policial-militar del gobierno nacional a esta demanda social. Tenemos 72 muertos, miles de detenidos, desaparecidos, hay una situación de desazón y zozobra en el hecho de que el gobierno nacional no ha querido suscribir acuerdos elementales”.
Hubo un agradecimiento especial por parte de Maltés “a la solidaridad de los trabajadores del mundo, a la Confederación Sindical de las Américas (CSA), a la Confederación Sindical Internacional (CSI), a la CTA Autónoma y a las centrales de la Argentina y del mundo, al igual que a la diáspora colombiana que se encuentra en el exterior y que han hecho miles de movilizaciones. Pero este es un gobierno que tiene características fascistas, le interesa poco lo que pasa adentro de las fronteras y afuera en el mundo”.
Un botón de muestra de que el Estado colombiano vigila y persigue a quienes protagonizan la lucha social ocurrió durante la conferencia cuando Diógenes Orejuela, Secretario General de la CUT-Colombia, denunció la presencia injustificada de un funcionario del Ministerio del Interior. Un infiltrado.
