Una delegación de distintas regiones del Consejo de Participación Indígenas (CPI), autoridades elegidas por las comunidades para llevar sus demandas al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con el acuerdo y mandato de la asamblea ampliada, se hicieron presentes los días 4 y 5 de diciembre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dar a conocer la frágil situación jurídica y la amenaza al desarrollo de vida, en los territorios de los Pueblos Indígenas de Argentina.

El motivo convocante es construir alianzas con Organismos de Derechos Humanos, Sindicatos, Defensores Ambientales, Organizaciones Sociales, entre otros, para intercambiar conocimientos, experiencias y establecer acuerdos que los fortalezcan, con el fin de construir posiciones en la defensa del resguardo territorial y llevar a cabo  denuncias por vulneraciones de sus derechos.

En la jornada del miércoles 4 fueron  recibidos por Daniel Jorajuria, Secretario Administrativo y Coordinador de Relación de la CTA Autónoma con la OTI (Organización Internacional del Trabajo) y el Doctor Javier Izaguirre, responsable de las memorias y presentaciones a la OIT; entre ella sobre el convenio 169. Con ellos se acordó respaldar la unidad de las comunidades en defensa de sus territorios y sus derechos.

Mas tarde, tuvieron un diálogo con el secretario General de la CTA, Hugo “Chachorro” Godoy, quién valoró el encuentro y reflexionó sobre la importancia de la unidad de todos los sectores que vienen siendo avasallados por el Gobierno; también consideró que «los pueblos indígenas tienen que estar integrados a esa unidad».

Desde la Secretaría de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma se destacó la importancia de la reunión con distintos representantes de Pueblos Originarios. «Nos hemos dado una tarea de reagrupamiento, de consolidación y de sumar, con la decisión que ellos tienen desde estas comunidades. La Jornada Federal de Lucha que realizamos el 5 de diciembre y que busca, además de expresar el rechazo a las políticas de entrega y saqueo que lleva adelante Milei, que en el caso concreto de los pueblos originarios, se sigue expresando en el vaciamiento del Instituto ( INAI) como también en la inhabilitación del derecho a la tierra de esas comunidades. Por lo tanto expresar este rechazo y además construir un bloque de organizaciones sindicales, sociales, pequeños y medianos empresarios y productores agrarios. A esto necesariamente deben sumar los pueblos originarios unidos y organizados. En esa tarea estamos por lo que ha sido una reunión muy fructífera y se manifiesta una clara voluntad de avanzar y de profundizar este camino.”, señalaron desde la Secretaría.

Felisa Curamil, representante nacional de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro e integrante del cuerpo del Concejo de Participación Indígena (CPI) denunció el incumplimiento ejercido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI):

“Con respecto al tema del INAI, es una cuestión donde éste como organismo hoy no está cumpliendo con la función que debiera cumplir; que en principio es el lugar de resguardo del derecho de los pueblos indígenas. Como representante del Consejo de Participación Indígena CPI) hay mucha propuesta que hemos acordado; hemos llevado algunas reuniones adelante con el Presidente, pero esos acuerdos no se han cumplido y lo más grave es que el INAI también se presta para las negaciones. Uno ve en el facebook del Presidente del INAI, donde cada desalojo que hay de las comunidades los sale a festejar; entonces hemos propuesto que seamos nosotros, como actores políticos, representantes que nos eligen la base en nuestro territorio, seamos parte de la discusión y la defensa de los derechos que ya se ha venido como del caso del relevamiento territorial. Ellos dicen, bueno vamos a garantizar la participación, pero ha pasado que nos hemos venido a reunir con ellos y al otro día nos enteramos que han conformado el Consejo Federal de Políticas Indígenas, sin la participación nuestra. Después sale la directora de la de tierra, Sonia Ochoa donde sale a decir que la consulta del pueblo indígena no es una cuestión vinculante, que como que no tiene importancia. Cierran, el área del RENACI, que es un derecho que lo establece la Constitución, también el convenio 169, donde el organismo como INAI debe reconocer la personería jurídica de las comunidades indígenas. Todas esas cuestiones nos sobre preocupan porque el avance cada vez se profundiza más. Y en el caso de la Patagonia avanza en todo sentido, digamos, desde el 2017 venimos con muertos en defensa de los territorios y ahora digamos, la ministra de Seguridad Patricia Bulrich dice que ponen en marcha el comando unificado, donde lleva la orden a gendarmería, policía federal, policía de la provincia, prefectura y todo lo demás, donde se desaloja sin pasar por la justicia, sin tener la defensa de nada, se desaloja.”

Por su parte Florencia Gómez, representante del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) se refirió a los proyectos de leyes sancionados por el congreso que atentan contra las comunidades, como la del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), a la eliminación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) y al peligro que corren los pueblos si derogan la ley 26160, la que impide que las comunidades sean desalojadas de su territorio.

“El pasado jueves nos hemos reunido con los representantes de la Mesa Nacional de los CPI, de los Pueblos Indígenas, junto con otras organizaciones de Derechos Humanos y Ambientes hemos tenido una reunión muy productiva en la que hemos hablado de los problemas que enfrentan hoy en día los pueblos indígenas. Mucha preocupación por el RIGI, con relación a la falta de presupuesto y estas modificaciones que se han dado respecto del RENACI, del Registro de Comunidades Indígenas. Mirando hacia adelante, lo que hemos hecho es hacer un listado, un curso de acción y de trabajo conjunto, principalmente para hacer un relevamiento y ver en qué situación se encuentran las distintas causas judiciales y sobre todo las que afectan a comunidades que pueden llegar a ser  desalojadas.», informó Gómez.

«También ha sido motivo de discusión el tema de Ley 26160, o Ley de Emergencia Indígena, de su incumplimiento actual y la preocupación es que esta ley pueda pueda caer. Por otra parte, también se planteó la posibilidad de iniciar un proceso de capacitaciones, por ejemplo, a los procesos de evaluación ambiental e incluso sobre el Acuerdo de Escazú.

Por la tarde hemos estado en una reunión con el representante para América del Sur, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, junto a varias organizaciones de la sociedad civil y del campo popular y uno de los temas que se ha llevado muy claro el representante, es las dificultades y los problemas que tienen los pueblos indígenas y todo este proceso de criminalización, persecución, estigmatización y racismo que están sufriendo en nuestro país.», concluyó Florencia Gómez.

También recibió a los referentes indígenas la abogada Colla, Paula Alvarado Mamani, de la Red de defensoras del ambiente por el buen vivir .

Por ultimo, la delegación indígena participó de la marcha organizada por las dos CTA, el día 5 de diciembre, en el marco de la Jornada Federal de Lucha en contra de las políticas de destrucción del Estado que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

Las autoridades autoconvocadas fueron:

Pedro Coria, del Pueblo Rankel de La Pampa.

Felisa Curamil, del Pueblo Mapuche de Río Negro.

Héctor Senaque Santomil  del pueblo Charrúa de Entre Ríos.

David Torres, del Pueblo Lule de Salta.

Fabricio Silva, del pueblo Mapuche de Mendoza.

Marta Ceballos, del pueblo Comechingón de Córdoba.

Guillermo Bilbao, del pueblo Tehuelche de Santa Cruz.