El Programa de Seguridad Migratoria abre la puerta a abusos y precarización

Comunicado de la Dirección Nacional de Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA sobre la política migratoria de Milei.

La Dirección Nacional de Migrantes y Refugiados de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma expresa su preocupación desde una óptica sindical y de organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes y advierte que el reciente “Programa de Seguridad Migratoria”, creado por resolución 551/2026, desborda por completo el control migratorio legítimo y abre un campo de abusos contra quienes viven y trabajan en el país en condición migrante.

La dirección denuncia que el núcleo del problema reside en la conversión de las fuerzas de seguridad federales en policía migratoria auxiliar de la Dirección Nacional de Migraciones, con facultades de inteligencia, persecución, detención y expulsión basadas en la mera sospecha de irregularidad documental. Este desplazamiento de un poder típicamente administrativo hacia una lógica policial difusa, sin parámetros objetivos ni control judicial previo claro, tensiona de manera directa principios básicos de debido proceso, igualdad ante la ley y libertad personal.

En este punto señalan que la categoría “cualquier extranjero sospechado de no tener los papeles en orden” funciona como cláusula abierta que habilita controles selectivos por nacionalidad, color de piel o condición social, y genera un miedo permanente a la detención y a la expulsión. Ese miedo no es solo subjetivo: se traduce en menos denuncias de abusos laborales, menos afiliación sindical, más silencio frente a la explotación y mayor facilidad para que empleadores sin escrúpulos impongan salarios más bajos y condiciones degradadas.

Y advierten que la resolución confunde deliberadamente migración con ilícito al vincular “movimientos migratorios irregulares” con “organizaciones criminales” y “amenazas para la seguridad nacional”.

En términos políticos y jurídicos esto implica equiparar una irregularidad administrativa con criminalidad organizada, construyendo un enemigo interno en la figura de la persona migrante y habilitando políticas de excepción sobre un colectivo entero, en lugar de perseguir delitos concretos con las garantías que exige un Estado de derecho.

Asimismo critican el avance de la lógica securitaria sobre el campo social, observan con preocupación la creación de Unidades de Seguridad Migratoria dentro de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aereoportuaria –PSA- . Trasladar funciones centrales del control migratorio a cuerpos entrenados en orden público y combate del delito rompe la separación entre gestión administrativa y persecución penal, y contamina la primera con prácticas de inteligencia y criminalización. Lejos de ser una mera reorganización institucional, esto configura un escenario en el que la condición migratoria se convierte en puerta de entrada a la vigilancia, la estigmatización y la represión.

En el mismo sentido, ponen en el centro la dignidad de quienes migran y trabajan, y afirman que el diseño del programa produce un efecto estructural de vulnerabilización: el temor fundado a la detención o expulsión arbitraria desincentiva el contacto con instituciones públicas y empuja a amplios sectores migrantes a la invisibilidad administrativa y a la informalidad laboral. Ello no solo vulnera derechos básicos como identidad, salud, educación y trabajo, sino que debilita la capacidad de organización colectiva y de negociación frente a la patronal.

Y sostienen que enfrentar el “Programa de Seguridad Migratoria” exige combinar movilización social con herramientas legales concretas. Es necesario impulsar acciones de amparo colectivo que cuestionen la compatibilidad de la resolución con la Constitución y con los tratados de derechos humanos, promover el uso del hábeas corpus frente a detenciones arbitrarias fundadas en meras sospechas documentarias, y activar la intervención de defensorías, organismos de control y mecanismos contra la violencia institucional. Solo articulando organización en el territorio, presencia en la calle y litigio estratégico podremos empezar a correr los límites de una discrecionalidad estatal que hoy amenaza tanto los derechos de las personas migrantes como las condiciones de trabajo del conjunto de la clase trabajadora.

Todas estas Resoluciones y DNU366/2025, están en sintonía con la política de Donal Trump de criminalizar la migración, creando la xenofobia y racismo contra la migración pobre, se suma el Parlamento Europeo, que acaba de aprobar los centros de devolución para migrantes en terceros países y agiliza las deportaciones dentro de la Unión Europea. Siempre está el debate en migrantes si o migrantes no, cuando el problema central de la migración es estructural, dejar que nuestros países sean soberanos, dejar que nos desarrollemos como Estados-Nación, por eso es importante solidarizarnos con la lucha de nuestros pueblos latinoamericanos contra las políticas neoliberales, como es el caso de Bolivia que se encuentra paralizado por siete semanas y sumado un Estado de Excepción, contra el Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Trump, que también tiene un capítulo antiinmigrante.

La Dirección Nacional de Migrantes solicitará que el Observatorio contra la Violencia Institucional y Prevención de la Tortura de la CTA Autónoma realice acciones concretas al respecto.