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Caso SITEBA: Duro ataque a la libertad sindical

por Daniel Jorajuría

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El dictamen del Ministerio de Trabajo de la Nación  (Dirección de Asociaciones Sindicales), suspendiendo la  elección de delegados del Sindicato de Trabajadores  y Trabajadoras de Entidades Bancarias y Financieras (SITEBA),  a instancia de  “La Bancaria”, implica un ataque a la libertad sindical individual y colectiva garantizada por nuestra  Constitución  Nacional, el convenio 87 de OIT y los tratados internacionales, como lo son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales  y Culturales  (PIDESC), normativa internacional que resulta operativa en nuestro país con rango constitucional, en virtud de lo que establece lo  dispuesto por el Art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional que constituye un marco referencial ineludible al momento de considerar todo lo atinente a la fundación, existencia y desenvolvimiento de las organizaciones sindicales que impide a los estados obstaculizar la creación y funcionamiento de las acciones sindicales.

Resoluciones como  estas también implica un ataque a la autonomía  de los trabajadores  y un intervencionismo de la autoridad administrativa en la vida interna de las organizaciones sindicales prohibido por el Convenio 87 de OIT que establece que “la autoridad pública deberá abstenerse de la intervención que tienda a limitar este derecho (libertad de sindicación) o entorpecer su ejercicio legal”.

Todo esto agravado groseramente por el Ministerio cuando le da curso a la presentación de  “La Bancaria” cuando expresante el Convenio 98 de OIT  sobre  Derecho a la Sindicación  y Negociación Colectiva establece en su art. 2° que: “Las organizaciones de Trabajadores y Empleadores  deberán gozar de la adecuada protección contra todo acto de injerencia  de una respecto de la otra”. Nada  tiene que hacer  “La Bancaria” en un expediente de otro gremio, salvo que sea para un cotejo de padrones cuando esté en disputa la personería gremial, cuestión que no es el caso de SITEBA que quería que sus afiliados elijan delegados  en el lugar de trabajo (Banco Ciudad).

En este sentido el articulo 41 inc. a, que establece la obligación de estar afiliados a una organización con personería gremial, ha sido observada por la OIT y declarado inconstitucional por la CSJN.  En el “Fallo ATE”, por impedir a los sindicatos simplemente inscripto el despliegue de su actividad y el cumplimiento de una de las finalidades para las cuales han sido creadas, es decir la representación de los trabajadores  en la empresa.

La CSJN  ha sido terminante   descartando el monopolio de  representación y  ha dicho que la preferencia o prioridad que “no es exclusividad” esta solo referida a la negociación colectiva, sin que ello implique la negociación de las otras “de representar intereses colectivos”, ya que de ser así se estaría negando la propia función del sindicato.

Así se refiere la Corte en el Fallo ATE siguiendo lo expresado por la OIT, cuando alude a que “la distinción entre las organizaciones sindicales más representativas y las demás organizaciones  sindicales no debería privar a estas últimas de los medios esenciales para defender los intereses  profesionales de sus miembros, ni el derecho de organizar su gestión  y su actividad y de formular su programa de acción. Con esta interpretación de la Corte basada en el convenio 87 y la interpretación de los órganos  de control de OIT lo aplicable al art. 41 inc. a) de la ley 23.551 es aplicable  y extensible a todas y cada una del resto  de las Normas  que han merecido idéntico  reproche de los mismos artículos  23,28,29,30,31,38,39,48 y 52de la ley y el art. 21 del Decreto Reglamentario.

La libertad sindical es un medio, un derecho para obtener derechos, hemos avanzado en un concepto más amplio y progresivo del ejercicio de la acción sindical  y para  ello la Corte así lo resuelve en uno de los aspectos más sensibles de la acción  colectiva  el de los representantes  que guardan con los intereses de sus representados el vinculo más estrecho y directo, la organización y la representación en los lugares de trabajo.

Resoluciones como esta del Ministerio de Trabajo no significa otra cosa que un retroceso de la democratización sustancial en las relaciones laborales, significa volver a los  años ’90 donde se liberaban las fuerzas del capital y se restringían  los derechos  colectivos a los trabajadores; derechos que son habilitantes de los demás derechos. Con resoluciones como estas, el no reconocimiento de las organizaciones sindicales nuevas, la no entrega de la certificación de autoridades, la no autorización a la recaudación de la cuota sindical a las organizaciones simplemente inscriptas, están directamente relacionadas con la precarización, la flexibilización y la informalización de los trabajadores que  crece día a día en nuestro país.

El Ministerio de Trabajo debería abocarse a las observaciones de la OIT y elaborar un proyecto de ley que adecue la ley 23.551 al convenio 87  y termine con la restricción de derechos   colectivos y la discriminación  sindical en la Argentina; como así también a resolver las graves deficiencias  en la Gestión Administrativa de los expedientes.

Que quede claro que la CTAA y sus organizaciones no vamos a permitir este retroceso  en las relaciones laborales y continuaremos luchando por mas libertad y democracia sindical.

 

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