La Secretaría de DDHH de la Central, junto al Observatorio contra la Violencia Institucional y Prevención de la Tortura, la RED Contacto Sur y FADELI emitieron un comunicado repudiando la represión de ayer, donde expresan su más enérgico repudio a la brutal y desmedida represión desatada ayer contra quienes participaron de la 5ta. Marcha Federal Universitaria frente al Congreso de la Nación Argentina.

Los hechos denunciados revisten una gravedad extraordinaria: más de 550 personas afectadas por gases químicos y postas de goma, más de 120 granadas lacrimógenas disparadas, cientos de proyectiles, sustancias irritantes y miles de litros de agua a presión lanzados contra las y los manifestantes. Asimismo, se denunciaron al menos seis detenciones durante la desconcentración, incluidas las de dos adolescentes que posteriormente fueron liberados.

No estamos ante hechos que puedan minimizarse ni naturalizarse. Estamos ante una represión desmedida que plantea serios interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos, la integridad física de las personas y las garantías constitucionales.

¡La represión como mensaje de miedo a toda la sociedad!

Cuando el Estado despliega su aparato de seguridad de esta manera frente a una movilización popular, la gravedad no se mide solamente por las personas heridas o afectadas. También debe examinarse el efecto intimidatorio que semejante operativo puede producir sobre toda la sociedad.

¿Se pretende que los estudiantes tengan miedo de reclamar? ¿Que los docentes abandonen sus legítimas reivindicaciones? ¿Que los trabajadores, las organizaciones sociales y el pueblo renuncien a ocupar las calles para defender sus derechos?

Ningún gobierno democrático puede pretender que el miedo sustituya al diálogo, que la intimidación reemplace a las respuestas políticas o que las fuerzas de seguridad sean utilizadas para desalentar el ejercicio de derechos constitucionales.

La protesta social es una herramienta fundamental de la democracia. Defender la universidad pública, exigir presupuesto educativo y reclamar condiciones dignas para enseñar y aprender no constituye una amenaza que justifique el uso indiscriminado de la fuerza.

¡Los métodos represivos nos remiten a los peores capítulos de nuestra historia!

Argentina sufrió una dictadura cívico-militar-eclesiástico-empresarial- que bajo el mando de Jorge Rafael Videla y los grupos concetrados y diversificados de poder, en su primera etapa, convirtió el terrorismo de Estado en una política sistemática de persecución, tortura, desaparición forzada y aniquilamiento de opositores.

Tenemos memoria. Sabemos lo que significa que el aparato estatal se transforme en una herramienta de terror y disciplinamiento social.

La represión de una manifestación en democracia no es equivalente al terrorismo de Estado de la dictadura. Sin embargo, la utilización de la fuerza pública para intimidar, generar temor y desalentar la organización popular constituye una señal de alarma que los organismos de derechos humanos no podemos ignorar ni silenciar.

El Nunca Más no puede ser una consigna vacía, reservada para los actos conmemorativos. Debe traducirse en políticas concretas, controles efectivos sobre las fuerzas de seguridad y garantías reales para que ninguna persona tema por su integridad física por el solo hecho de manifestarse.

¡NUNCA MÁS AL TERRORISMO DE ESTADO! ¡NUNCA MÁS A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA! ¡NUNCA MÁS A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL COMO RESPUESTA A LOS RECLAMOS POPULARES!

EXIGIMOS INVESTIGACIÓN, RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS

– Investigación urgente, independiente y exhaustiva de los hechos, con identificación de quienes impartieron las órdenes y de quienes resulten responsables de eventuales abusos.

– Investigación del uso de gases químicos, postas de goma y camiones hidrantes, evaluando su legalidad, necesidad y proporcionalidad.

– Esclarecimiento de las detenciones denunciadas, con especial atención a las circunstancias que involucraron a los dos adolescentes posteriormente liberados.

– Asistencia integral a todas las personas afectadas y acceso a la información sobre las lesiones producidas durante el operativo.

– Garantías efectivas para la protesta social, la libertad de expresión, la organización sindical y la participación ciudadana.

– Medidas concretas para prevenir la repetición de hechos de violencia institucional y asegurar que las fuerzas de seguridad actúen dentro de los límites constitucionales y legales.

No aceptamos que la defensa de la educación pública sea respondida con gases, proyectiles y violencia. No aceptamos que la intimidación se convierta en una herramienta de disciplinamiento de la sociedad. No aceptamos que se pretenda instalar que reclamar derechos tiene un costo físico o personal.

La universidad pública pertenece al pueblo. Es una conquista histórica de nuestra sociedad y una herramienta indispensable para la igualdad de oportunidades, la movilidad social y la construcción de un futuro digno.

Quienes defienden la educación pública no son enemigos internos. Quienes reclaman derechos no son delincuentes. Quienes se movilizan pacíficamente no pueden ser tratados como objetivos de un operativo de guerra.

¡El pueblo tiene memoria, tiene derechos y tiene voz!

Nuestro compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos, las libertades democráticas y la dignidad de nuestro pueblo.

Frente a cada intento de intimidación, levantamos la bandera de la memoria, la verdad y la justicia. Frente a la violencia institucional, exigimos responsabilidad y garantías. Frente al miedo, defendemos la organización colectiva y la solidaridad.

¡BASTA DE REPRESIÓN! ¡BASTA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL! ¡LA PROTESTA SOCIAL ES UN DERECHO, NO UN DELITO! ¡LA UNIVERSIDAD PÚBLICA SE DEFIENDE, NO SE REPRIME! ¡NUNCA MÁS AL TERRORISMO DE ESTADO! ¡LOS DERECHOS HUMANOS SE RESPETAN, NO SE NEGOCIAN!