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Se realizó la primera capacitación en temáticas vinculadas a la formación profesional y social, para el abordaje de inspección y monitoreo a centros de detención.

Fue en la sede de ATE-CTA Autónoma regional de José C. Paz, por iniciativa de la Secretaria de Derechos Humanos y el Observatorio Contra la Violencia Institucional y Prevención de la Tortura de la CTA, y en articulación con la CTA y ATE de esa localidad.
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La propuesta de abordaje fue en formato taller, con la apertura a cargo de Luis Herrera, Secretario General de la CTA regional de José C. Paz dando la bienvenida y celebrando la iniciativa. Del mismo modo lo hicieron los abogados Marcelo Prado y Walter Colman, quienes brindaron gran parte de  la capacitación; luego, cerrando la actividad, por la Secretaria de Derechos Humanos, tomó la palabra Gustavo Segovia, responsable de la agencia federal Observatorio Contra la Violencia Institucional y Prevención de la Tortura de la CTA Autónoma.

El propósito es brindar herramientas  para el abordaje de inspección y monitoreo a los centros de detención, comisarías, alcaidías, cárceles, centros migratorios, dispositivos del menor, geriátricos, centros de salud mental y marchas urbanas, en el marco de la ley 26.827 y el convenio de colaboración suscripto entre esta central sindical y el Comité Nacional para la prevención de la tortura (CNPT).

La presente ley 26.827 permite a los integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura realizar visitas a los lugares de detención judicial, registrar las inspecciones por medios audiovisuales, seleccionar los lugares para el monitoreo y las personas a entrevistar, como también la realización de entrevistas privadas y confidenciales.

La jornada informativa se guía por el programa Federal de Autónoma, Desinstitucionalización y Prevención Activa (F.A.D.P.A.), proyecto de trabajo de la psicóloga Alejandra Sikic, que embase a esta herramienta y a través del Observatorio Contra la Violencia Institucional (OCVIPT), trabaja en el asistencialismo punitivo tradicional y propone un modelo federal inédito de intervención, monitoreo y reconstrucción del tejido social para personas que trascurrieron por el sistema penal, psiquiátrico o encierro Institucional. Transformando, de este modo, la experiencia del tránsito por el encierro en una herramienta activa de defensa de los derechos humanos y la seguridad.

 

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