En el marco del Día Nacional del Inmigrante, que se conmemora cada 4 de septiembre en nuestro país, desde la CTA  reafirmamos que ninguna persona deja de ser trabajadora, vecina, estudiante, madre, padre o sujeto de derechos por haber cruzado una frontera. Migrar no puede ser tratado como un delito ni como una amenaza.

Esta fecha fue instituida en 1949 y recupera una disposición del Primer Triunvirato de 1812 que ofrecía protección a las personas de todas las naciones que quisieran establecerse en nuestro territorio. Ese antecedente debe interpelarnos hoy: no como una evocación vacía de la inmigración del pasado, sino como un compromiso concreto con quienes actualmente llegan a nuestro país buscando vivir y trabajar con dignidad.

En todo el mundo crecen los discursos xenófobos, los muros, las deportaciones y las políticas que buscan convertir a las personas migrantes en responsables de crisis que no provocaron. Muchas veces, son empujadas a dejar sus territorios por la guerra, el hambre, la persecución, la devastación ambiental, la desigualdad y la falta de trabajo. La respuesta no puede ser más control policial, expulsión ni precarización: debe ser regularización, protección, trabajo registrado, vivienda, salud, educación e igualdad efectiva de derechos.

La reciente situación en Ceuta volvió a mostrar el costo humano de las fronteras convertidas en dispositivos de seguridad. No se trata de una amenaza ni de un supuesto “problema migratorio”: se trata de seres humanos que buscan un futuro. Europa debe abandonar la lógica de la militarización, la externalización de fronteras y las expulsiones, y asumir políticas de acogida, cooperación y respeto irrestricto por los derechos humanos.

En la Argentina rechazamos las modificaciones restrictivas introducidas por el DNU 366/2025 sobre la Ley de Migraciones. Ningún decreto puede habilitar retrocesos en derechos ni convertir a la Dirección Nacional de Migraciones en una herramienta de persecución, exclusión o disciplinamiento. La Justicia ya estableció límites a esa avanzada al declarar inconstitucionales disposiciones del DNU vinculadas con el trámite de ciudadanía.

Defender los derechos de las personas migrantes es defender los derechos del conjunto de la clase trabajadora. Cuando se persigue a una parte de quienes trabajan, se profundiza la informalidad, se fortalece el poder patronal para precarizar y se fragmenta la organización colectiva.

Exigimos políticas de regularización migratoria; acceso efectivo a la salud y a la educación; trabajo registrado, igualdad salarial y derechos sindicales; protección frente a toda forma de racismo y xenofobia; y debido proceso ante cualquier decisión administrativa o judicial.

Ninguna persona es ilegal. Ningún trabajador ni trabajadora sobra. Los derechos no se expulsan: se conquistan y se defienden colectivamente.

Adolfo Barja, secretario de Derechos Humanos de la CTA y Yolanda Moreno, coordinadora de la Dirección de Migrantes y Refugiados.