El Observatorio Contra la Violencia Institucional y Prevención de la Tortura recibió denuncias de cuatro mujeres privadas de su libertad en la Unidad Penal N°51 [U-51] de Magdalena quienes relataron apremios y vejaciones por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), por lo que inmediatamente se requirió la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria, para luego dar a conocer públicamente los hechos y remitir la denuncia al poder judicial.

En sus testimonios, las internas relataron haber sido golpeadas, amenazadas y sometidas a distintos tormentos durante un operativo realizado el pasado 3 de junio, tras una incidentes entre dos detenidas en un pabellón de la planta alta del penal, motivo que desató una feroz represión por parte del Grupo de Intervención ante Emergencia (GIE).

Dos de las denunciantes afirman haber sido sometidas a abusos sexuales. Frente a la gravedad de los hechos, la Justicia ordenó la detención de ocho mujeres y siete varones pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) señalados como intervinientes en los hechos ocurridos.

Las detenciones fueron solicitadas por el fiscal Álvaro Garganta y ordenadas por el juez de Garantías Juan Pablo Masi. Entre los imputados se encuentran la Jefa del penal, Diana  Balmacena, personal sanitario e integrantes de grupos especiales de intervención. Están acusados, entre otros delitos, de torturas, abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por personal de una fuerza de seguridad en funciones.

La Comisión Provincial por la Memoria entrevistó a las víctimas, presentó la denuncia que dio origen a la causa y participa en el expediente como particular damnificado institucional. La investigación reúne testimonios, informes médicos, videos y documentación sobre el operativo. El Ministerio de Justicia bonaerense ya había separado preventivamente a diez de los agentes involucrados.

«Vamos que sepan que al penal lo manejamos nosotras», alentaba a sus subordinados la Jefa de la administración de seguridad del penal, mientras éstos atacaban salvajemente a las mujeres detenidas. La brutalidad del personal penitenciario se extendió por todas las celdas, arrojando gas pimienta en el rostro de las mujeres, las obligaron a desnudarse entre golpes y luego las sacaron a la rastra, mientras aleccionaban: «acá es Magdalena, acá vas a aprender».

Aisladas en distintos sectores de la cárcel, esposadas o en estado de indefensión, las sometieron durante varias horas a torturas y dos de ellas fueron abusadas sexualmente. Finalmente, tres de las víctimas fueron trasladadas a otras unidades penales con todos sus bienes rotos, mientras que una interna que permaneció en el lugar, sin ninguna asistencia psicológica, intentó suicidarse.

Los agentes involucrados ejecutaron «de manera deliberada y coordinada una serie de actos destinados a castigar a las internas por los hechos ocurridos y por los reclamos formulados, así como a intimidarlas, quebrantar su resistencia y afirmar el dominio ejercido sobre ellas, imponiéndoles graves sufrimientos físicos y psicológicos», señaló el fiscal Álvaro Garganta.