La CTA exige la inmediata aparición de Franco Matías Javier Oscari, militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), quien fue detenido arbitrariamente en la madrugada del día de ayer en el paraje Las Goteras, departamento Santa Bárbara, provincia de Jujuy. La Central denuncia con profunda preocupación este hecho, que evidencia una vez más la persecución judicial y territorial que sufren las comunidades campesinas e indígenas del país.

Hasta anoche permanecía en la sede de la Policía Federal Argentina (PFA) en San Salvador de Jujuy, pero actualmente se desconoce su paradero, y su defensa legal no ha recibido notificación alguna sobre su traslado, en clara violación de las garantías procesales. El operativo, ejecutado por la PFA con un despliegue intimidatorio, irrumpió armado en su vivienda rural –a más de 5 horas de la capital jujeña y tras atravesar 17 arroyos–, tiraron al suelo a su familia y se lo llevaron detenido sin explicación alguna. Pudo conocerse más tarde, que la medida fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo (con sede en la Ciudad de Buenos Aires) a raíz de un ciberpatrullaje y de una denuncia de la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich por presuntas amenazas publicadas en redes sociales.

El contexto revela una persecución intolerable: la detención se produjo al día siguiente de que la familia campesina obtuviera un fallo favorable que frenó el desalojo de las tierras que habitan y trabajan. A su vez, la madre de Franco es firmante de un amparo colectivo ambiental presentado en abril contra el Estado jujeño por el daño al bosque nativo, provocado por la mina «Martín Bronce» (empresa Mom Mining SRL) en Palma Sola.

Sin embargo, ya no se encuentra allí. Anoche, la justicia federal denegó su excarcelación apelando a argumentos abiertamente discriminatorios, que criminalizan sus condiciones de vida. Franco sigue detenido por el solo hecho de ser campesino: vive en el campo, trabaja la tierra, reside en una zona rural de difícil acceso, carece de señal telefónica y conexión a internet, y habita cerca de la frontera. Estos criterios, lejos de constituir riesgos procesales válidos, revelan un profundo sesgo social y territorial. Que permanezca privado de su libertad por estas razones no sólo configura un disparate jurídico, sino que sienta un gravísimo antecedente que atenta contra los derechos más elementales de las comunidades rurales e indígenas.

Esta detención no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un preocupante patrón de criminalización sistemática de la lucha campesina y la defensa del territorio. Frente a los conflictos sociales que atraviesan nuestras provincias, el Estado responde invariablemente con una única lógica: represión y criminalización. Esta mecánica se ha convertido en la regla, y el caso de Franco Oscari es apenas el último eslabón de una cadena de persecución que busca silenciar a quienes reclaman por sus derechos más básicos y por la soberanía sobre sus tierras.

¡Aparición y libertad de Franco!

¡Cese de toda persecución contra las familias campesinas de Las Goteras!

Hugo Godoy, Secretario General CTA Autónoma.

Mariana Mandakovic, Secretaria General Adjunta CTA Autónoma.

Ricardo Peidro, Secretario General Adjunta CTA Autónoma.