La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT es un ámbito tripartito que funciona anualmente en la conferencia; hoy abordó el caso de Panamá: la represión, el ataque a la libertad sindical por parte de su gobierno, el bloqueo a las cuentas sindicales y la criminalización de la protesta en ese país.

En ese marco, y por mandato de las tres centrales, y en coordinación con las centrales de Panamá y la Confederación Sindical de las Américas, Daniel Jorajuría, secretario Administrativo de la CTA, presentó la defensa de los trabajadores de Panamá contra la criminalización y las violaciones sistemáticas a la libertad sindical por parte de su gobierno.

«Desde las centrales sindicales argentinas nucleadas en la CSA sentimos la imperiosa necesidad de defender en Panamá los principios y derechos fundamentales del trabajo, entre ellos la libertad sindical, el derecho a la sindicalización establecido en el Convenio 87 y con los alcances fijados por sus órganos de control. La libertad sindical se erige como una herramienta fundamental para el fortalecimiento de los derechos humanos y para alcanzar la justicia social. En este sentido, queremos expresar nuestra profunda preocupación, coincidente con la comisión de expertos, en cuanto a la aplicación del Convenio 87 ratificado por Panamá, que la obliga a garantizar la libertad sindical y la no injerencia en la vida interna de las organizaciones sindicales», dijo Jorajuría.

Sin embargo, afirmó el dirigente: «Una vez más Panamá ha sido incluido en la lista de los casos de esta conferencia por violaciones sistemáticas al Convenio 87. En los comentarios de los expertos se incluyen graves denuncias de represión, persecución, detención, criminalización sindical sistemática y obstrucción a los sindicatos del sector público para llevar adelante la negociación colectiva. Nuestras centrales apoyan con firmeza las denuncias de CONUSI, de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá y de Convergencia Sindical, y nos solidarizamos con el SUBTRAX, cuyos miembros y dirigentes deben soportar la criminalización de su actividad legítima, detenciones arbitrarias y la asfixia económica de su organización».

En este sentido, afirmó: «Tampoco se registran avances en la adecuación de la legislación interna respecto de disposiciones clave del Convenio 87. Persisten las violaciones al artículo 2, que garantiza el derecho a constituir organizaciones, y al artículo 3, sobre la libre elección de sus representantes. Preocupa especialmente que el Código de Trabajo aún admita la intervención automática de la Policía en casos de acciones colectivas y prohíba estas acciones a las federaciones, vulnerando el plan de acción garantizado por el Convenio 87».

«También nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras de la educación, víctimas de la represión estatal en el marco de sus acciones colectivas, como así también con la suspensión y el reemplazo disciplinario de 294 docentes y líderes sindicales. Por último, queremos denunciar ante esta Comisión la detención arbitraria y posterior deportación de un miembro del Secretariado de la CTA y miembro de esta Comisión en el aeropuerto de Tocumen, quien viajaba a Panamá en el marco de una misión de la OIT. Pedimos que, de forma urgente, se arbitren todos los medios y mecanismos nacionales para que se revierta esta situación», remarcó Jorajuría.

«Las persistentes violaciones del Gobierno de Panamá a los derechos y garantías previstos en el Convenio 87 demuestran no solo que el Gobierno carece de voluntad política para adecuar sus prácticas y leyes internas, sino que revelan una estrategia activa y sistemática orientada a obstruir el libre ejercicio de la libertad sindical, y privar a las organizaciones de los medios esenciales para desarrollar sus acciones colectivas y su programa de acción, es decir, para el ejercicio del derecho de huelga», finalizó.