En la reunión, los miembros del Consejo, agradecieron a la CTA por “estar siempre del lado de las luchas de las comunidades originarias” y contaron que presentaron un documento al Congreso de la Nación, en el que comunidades originarias, campesinas y de pescadores expresan su rechazo a las modificaciones legislativas sobre tierras, desalojos y recursos naturales.
Bajo la consigna «La defensa de la tierra, los territorios, la agricultura familiar, campesina e indígena y de las economías regionales es urgente», la organización advirtió que las discusiones sobre propiedad privada, expropiaciones y régimen registral no pueden darse a espaldas de las realidades territoriales de quienes habitan y producen en el sector rural.
Uno de los principales ejes del documento radica en la oposición firme a la extranjerización y concentración de la tierra. En relación con los conflictos territoriales, el colectivo exigió que se impida la implementación de mecanismos de «desalojo exprés». Según argumentaron, una propiedad comunitaria indígena o un territorio campesino no puede ser tratados bajo las mismas categorías de la propiedad privada individual sin antes tener en cuenta el arraigo, la producción y los derechos colectivos de las comunidades originarias reconocidos en la Constitución.
Durante la reunión con la CTA, contaron que entre las 16 exigencias presentadas ante las cámaras de Senadores y Diputados, se destacan el cumplimiento de las leyes vigentes como garantizar la efectividad del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional (propiedad comunitaria indígena) y la aplicación, con presupuesto real, de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Pero también la defensa del Río Paraná reivindicándolo no solo como una vía navegable comercial, sino como un ecosistema vivo y fuente de trabajo para los pescadores artesanales, por lo que se pide que los trabajadores tengan participación en las decisiones sobre dragado y concesiones.
En las conclusiones del documento, el Consejo enfatizó que las decisiones legislativas sobre tierra, agua y recursos estratégicos no deben reducirse a un debate meramente técnico o jurídico porque tienen que ver con sus condiciones de vida y de existencia, por eso pidieron la apertura de instancias de consulta previa y participación efectiva para que los sectores de la agricultura familiar y la pesca artesanal sean escuchados antes de cualquier reforma normativa.
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