En el tercer año de su administración, Javier Milei ha consolidado y profundizado un dispositivo de ajuste estructural cuyo impacto está generando una catástrofe los sectores populares y las economías de subsistencia. Las medidas implementadas configuran una transferencia masiva de la riqueza producida socialmente desde el trabajo y las capas medias empobrecidas hacia los sectores concentrados del gran capital asociados al lucro especulativo.
Este proceso se articula con una política de disciplinamiento social que, mediante la gestión del «terror económico», busca reconfigurar las subjetividades y las expectativas colectivas, reduciendo la vida en las barriadas a una lucha individual por la mera reproducción biológica diaria e intenta estructurar la resignación a una vida miserable.
Esto es imperativamente necesario a una macroeconomía de lógica financiera, que opera como una maquinaria destructora del tejido laboral productivo formal e informal, impulsando la caída abrupta de los ingresos de asalariados. De este modo, el Gobierno actúa como un planificador de una pauperización programada de todos los órdenes de la existencia.
La combinación de un intento de controlar la inflación residual vía recesión y el recorte de la inversión social, configura un escenario de desprotección extremo para las clases populares. La supresión de programas de contención como «Volver al Trabajo» y la interrupción de la ayuda alimentaria a organizaciones comunitarias no son meros recortes presupuestarios, sino la destrucción activa de la última trama de organización territorial y comunitaria.
Esta retirada de la asistencia del Estado no vacía el territorio, sino que lo re-politiza y lo reconfigura bajo otras lógicas de poder: el incremento de la influencia de economías asociadas al delito/narcotráfico, que realimenta el circuito de las violencias son, en este marco, consecuencias directas deseadas por el poder porque genera la ruptura de vínculos comunitarios y dificulta la acción colectiva.
Paralelamente, la asfixia presupuestaria sobre los pilares de la ciudadanía social —salud pública y educación— completa un escenario de vulnerabilidad. El deterioro acelerado de estos servicios esenciales actúa potenciando la desigualdad de género y niega el acceso a derechos a las infancias y adolescencias, cuando no las criminalizan abiertamente. En resumen, una existencia signada por la precariedad, la estigmatización y la lucha desigual por la supervivencia. Una necropolítica de Estado.
