En el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, ¿quién paga hoy el costo de la reforma laboral y el avance del extractivismo en Argentina? Mujeres indígenas y disidencias son las primeras en sentir sus impactos: precarización, desigualdad y ataques a sus cuerpos y territorios, mientras sostienen la vida comunitaria.

Por Laki Quispe

Las desigualdades que atraviesan a mujeres y diversidades Indígenas vuelven a quedar en primer plano. Altos niveles de informalidad, discriminación laboral y sobrecarga de tareas de cuidado profundizan brechas históricas en un contexto marcado por reformas laborales, desregulación ambiental y el avance de modelos extractivos. En diálogo con esta realidad, Miriam Liempe del Pueblo Mapuche y secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma, y Laureano Marina Vilte, abogade y activista lesbotrans no binarie del Pueblo Kolla, aportan dos miradas que atraviesan el territorio argentino de norte a sur para advertir cómo estas transformaciones vuelven a trasladar el costo social hacia los mismos cuerpos.

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, una fecha que nació de las luchas obreras de principios del siglo XX. La memoria de las trabajadoras textiles que murieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, en Nueva York en 1911, quedó asociada a una demanda histórica: condiciones dignas de trabajo, derechos laborales y reconocimiento de las desigualdades que atraviesan a las mujeres en el mundo laboral. Con el tiempo, en América Latina y particularmente en Argentina, el activismo feminista y sindical comenzó a enfatizar la expresión “Mujeres Trabajadoras” para recuperar el sentido político de la jornada y evitar su vaciamiento simbólico. La consigna busca recordar que el origen de la fecha está ligado a las luchas contra la explotación laboral y las desigualdades estructurales.

En ese marco, la perspectiva Indígena expresada por Miriam Liempe permite observar con claridad cómo se entrelazan múltiples dimensiones de desigualdad: género, racismo estructural, clase social y despojo territorial. La Secretaria de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA Autónoma advierte que la situación laboral de las Mujeres Indígenas sólo puede comprenderse si se considera esa historia prolongada de exclusión. Según explica, las reformas laborales impactan de manera diferencial sobre ellas porque la desigualdad se multiplica: por condición de género, por pertenencia Indígena y por clase social. La referente subraya que la vida de las Mujeres Indígenas en Argentina sigue siendo “un tema pendiente de reparación histórica”, y que dentro del mundo del trabajo continúan siendo quienes encuentran mayores obstáculos para acceder a empleos formales.

Para comprender la profundidad de esa desigualdad, Liempe remite a una historia más larga. “Desde la conformación de este Estado, las mujeres Indígenas nunca han tenido una dignificación como mujeres pertenecientes a su Pueblo”, explica. El mundo del trabajo ha significado muchas veces explotación y esclavitud, aun cuando otras mujeres en Argentina lograron conquistar derechos laborales.

Una mirada que dialoga con este diagnóstico es la de Laureano Marina Vilte, abogade y activista lesbotrans no binarie del Pueblo Kolla y militante por los Derechos Humanos. Desde su experiencia, el acceso al trabajo para las feminidades y disidencias Indígenas está hoy atravesado por niveles extremos de precarización. Las desigualdades estructurales no son nuevas, advierte, pero el escenario actual las empuja hacia una intensidad inédita.

Según describe, muchas personas se ven obligadas a sostener tres o cuatro actividades simultáneamente para poder sobrevivir, una dinámica de sobreproductividad permanente que deteriora las condiciones de vida y debilita la organización comunitaria. En ese contexto, incluso algo tan básico como reunirse para debatir o planificar estrategias colectivas se vuelve cada vez más difícil.

Durante décadas se habló de feminización de la pobreza para describir la sobrerrepresentación de las mujeres en los sectores más empobrecidos de la sociedad. Sin embargo, en territorios Indígenas y barrios populares ese fenómeno también está atravesado profundamente por procesos de racialización y desigualdades históricas. Cuando las políticas públicas se retraen —ya sea por recortes presupuestarios, reducción de programas sociales o debilitamiento de políticas territoriales— el impacto no se distribuye de manera homogénea. Tiende a recaer con mayor intensidad sobre quienes ya ocupaban posiciones más vulnerables, aumentando el trabajo no remunerado y la presión sobre los recursos comunitarios. En este escenario, medidas como el “banco de horas” —que permite a las empresas modificar horarios de trabajo y compensarlos posteriormente— incrementan la incertidumbre sobre las jornadas laborales y los tiempos de descanso. Distintos estudios advierten que esta modalidad impacta especialmente en la planificación de las tareas de cuidado, una carga que recae mayoritariamente sobre las feminidades.

Zonas de sacrificio: cuando el extractivismo atraviesa territorios y cuerpos

En Argentina y en América Latina, el concepto de “zona de sacrificio” describe territorios sometidos a dinámicas extractivas: lugares donde se flexibilizan controles ambientales, se degradan ecosistemas y se acepta que ciertas poblaciones asuman los costos sociales y ambientales del desarrollo económico. Sin embargo, esta lógica no se limita a los territorios: también se proyecta sobre los cuerpos, especialmente los de Mujeres Indígenas, que en muchos contextos quedan en la primera línea de los impactos del extractivismo, las políticas de ajuste económico y los conflictos territoriales.

La relación entre territorio y cuerpo no es sólo una metáfora política. En muchas comunidades Indígenas, el trabajo adopta formas comunitarias vinculadas al cuidado de la vida: la defensa del agua, la producción de alimentos, la transmisión cultural, la medicina ancestral, organización comunitaria y defensa ambiental, tareas que muchas veces quedan fuera de las estadísticas tradicionales del trabajo. Cuando los territorios se degradan o son disputados por proyectos extractivos vinculados a la minería, los hidrocarburos o el monocultivo, esas tareas cotidianas se ven directamente afectadas. Al mismo tiempo, numerosas feminidades habitan hoy en zonas urbanas o periurbanas como resultado de procesos históricos de desplazamiento territorial y migración forzada. En esos contextos, las Mujeres Indígenas suelen insertarse en sectores de la economía popular, en trabajos domésticos, tareas de cuidado comunitario o en ámbitos de salud y educación. Pero esa inserción laboral suele darse en condiciones de informalidad, con menor acceso a seguridad social y mayor precariedad.

En ese sentido, Liempe sostiene que la idea de “zona de sacrificio” permite comprender la jerarquización de vidas que establece el actual modelo económico. Cuando los proyectos extractivos avanzan sobre territorios Indígenas —explica— lo hacen considerando prescindible la vida de los Pueblos que los habitan. La dirigente lo resume de forma directa: el sistema extractivista vuelve sacrificables no sólo los territorios, sino también la vida que existe en ellos.

Esta lógica se vuelve visible en las consecuencias sanitarias y ambientales que enfrentan muchas comunidades. En regiones atravesadas por la explotación hidrocarburífera, como Vaca Muerta, numerosas mujeres experimentan en sus propios cuerpos los efectos de la contaminación. Allí —advierte Liempe— comienzan a aparecer enfermedades oncológicas, problemas renales o nacimientos con afectaciones neurológicas, consecuencias que “literalmente se pagan con el cuerpo”.

Para Laureano Marina Vilte, estas dinámicas no pueden separarse de los cambios políticos más amplios que atraviesan hoy a las comunidades. La crisis económica —explica— debilita los lazos colectivos que históricamente sostuvieron la organización comunitaria. Como ocurre en los espacios urbanos, cada vez resulta más difícil encontrar tiempo para reunirse y sostener asambleas o instancias de deliberación que antes formaban parte del tejido cotidiano de las comunidades.

Las desigualdades no se explican sólo por el género: también intervienen el racismo estructural, las barreras educativas, la discriminación laboral y la persistencia de desigualdades territoriales históricas. A estas desigualdades se suman —advierte Laureano— otras capas de exclusión cuando se trata de personas Indígenas de identidades sexo-genéricas disidentes. En esos casos, la precarización laboral no sólo está atravesada por el racismo y el clasismo, sino también por la discriminación y el odio hacia las identidades LGBTIQ+, produciendo un escenario donde el acceso al trabajo digno se vuelve aún más restringido.

En ese sentido, Laureano señala que el deterioro de las políticas públicas agrava aún más estas condiciones: “Antes muchas personas encontraban rechazo en la familia, pero podían hallar algún refugio en políticas públicas o en redes organizativas. Hoy esas políticas están prácticamente destruidas”.

El peso que cargan las defensoras del territorio

Muchas de las mujeres que sostienen las luchas territoriales pagan un costo humano muy alto. Sus cuerpos están atravesados por múltiples violencias, exigencias y enormes responsabilidades. En muchos casos, además de participar en procesos organizativos y de defensa del territorio, continúan sosteniendo tareas de cuidado, trabajo comunitario y responsabilidades familiares. La presión que enfrentan es constante. Esa exposición permanente genera un desgaste profundo que rara vez es reconocido o acompañado. A esto se suma la falta de redes de contención, de políticas públicas específicas y de acceso a acompañamiento profesional. Muchas defensoras territoriales atraviesan en soledad situaciones extremadamente difíciles, lo que impacta directamente en su salud física y emocional.

Según advierte Laureano Marina Vilte, en los últimos años también se profundizó un proceso de aislamiento de referentes comunitarias. Los cambios políticos, el ajuste económico y las transformaciones en el mundo del trabajo han debilitado muchas redes de apoyo que antes acompañaban las luchas territoriales. La falta de tiempo, la precarización laboral y el impacto de las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei también modificaron la disponibilidad de aliados, organizaciones y sectores que históricamente acompañaban a las comunidades.

En ese contexto, muchas comuneras —como se denomina a las autoridades comunitarias en provincias como Jujuy— quedan cada vez más solas al frente de conflictos complejos. Ese aislamiento profundiza el desgaste de quienes sostienen la defensa territorial en primera línea. Ese desgaste ya se expresa en los cuerpos de muchas referentes. “Hay muchas hermanas con gastritis, con enfermedades vinculadas al estrés”, señala Vilte, al advertir sobre los efectos físicos de la presión constante que enfrentan muchas defensoras.

Frente a esta situación, Vilte plantea que también es necesario revisar las expectativas que se depositan sobre las mujeres que asumen roles de liderazgo. “Muchas veces esperamos que una referente cargue con toda la responsabilidad de cambiar la realidad de su comunidad, cuando en realidad las decisiones también pasan por comuneros y procesos colectivos”, explica.

En ese sentido, advierte que si las organizaciones no logran distribuir mejor las responsabilidades y sostener procesos verdaderamente colectivos, el riesgo es reproducir nuevas formas de desgaste dentro de los propios movimientos. “Si no bajamos esa sobreexigencia —concluye— terminamos ahogándonos entre nosotros mismos”.

Reforma laboral: flexibilizar sobre desigualdades preexistentes

Cuando se discuten reformas laborales en contextos donde las feminidades —y en mayor medida las Mujeres Indígenas, migrantes y racializadas— ya están sobrerrepresentadas en la informalidad y el empleo precario, la flexibilización no parte de una situación neutral. Parte de una desigualdad previamente consolidada. Desde esa perspectiva, Miriam Liempe sostiene que las Mujeres Indígenas reclaman la plena aplicación de los convenios internacionales que reconocen los derechos de los Pueblos Originarios, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece la obligación de consultar a los Pueblos Indígenas de manera previa, libre e informada cada vez que se adopten medidas legislativas o administrativas que puedan afectar sus condiciones de vida, trabajo o territorios.

En ese sentido, la flexibilización laboral tampoco puede separarse de otros procesos de desregulación que atraviesan las políticas públicas. Estas discusiones también se conectan con debates más amplios sobre el rol del Estado en la regulación económica y ambiental. Tampoco pueden desvincularse del debate sobre políticas ambientales. La reducción o debilitamiento de normas ambientales —como ocurre en los debates sobre la Ley de Glaciares— responde a una lógica similar: reducir límites regulatorios para facilitar inversiones económicas.

Para Liempe, estas políticas afectan directamente a los territorios Indígenas y a las formas de vida que dependen de ellos. Advierte que la mama yaku (agua) corre el riesgo de quedar cada vez más sometida a la lógica del mercado extractivista y la especulación económica, mientras los territorios se ven afectados sin que se respete plenamente el derecho de los Pueblos a la autodeterminación.

En ese marco, Laureano Marina Vilte recupera el principio de autodeterminación de los Pueblos como herramienta política frente a decisiones estatales que impactan sobre sus condiciones de vida. “Yo creo profundamente en la autodeterminación de los Pueblos. Las comunidades tienen que poder decidir qué quieren y cómo lo quieren, incluso cuando no coincidamos con esas decisiones”, señala, en referencia al derecho de las comunidades a participar en las decisiones que afectan sus territorios y sus formas de trabajo.

Ese principio no implica desconocer las tensiones que atraviesan los procesos colectivos. “No todo es blanco o negro. Hay momentos en que se retrocede para poder avanzar más adelante”, reflexiona.

En un contexto marcado por la precarización estructural, la presión sobre los territorios Indígenas y el avance de políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, sostiene que el desafío es sostener la organización comunitaria para decidir sobre el propio futuro. “El desafío es poder respirar en medio de este contexto y sostener la organización para sobrevivir. Porque si no sobrevivimos, tampoco vamos a tener la fuerza para volver a levantarnos”.

Criminalización y disciplinamiento

La expansión de los conflictos socioambientales también ha estado acompañada, en distintos momentos, por procesos de criminalización contra comunidades Indígenas y defensoras del territorio. Referentes comunitarias han enfrentado causas judiciales, operativos policiales, detenciones y campañas de estigmatización pública en disputas territoriales vinculadas al acceso a la tierra y a los recursos naturales.

Uno de los casos recientes ocurrió con integrantes de la comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu, que durante el último año fueron condenadas judicialmente en causas vinculadas a la defensa de su territorio. Tras las sentencias, organizaciones Indígenas denunciaron además nuevas formas de persecución administrativa y económica, como el cierre de cuentas bancarias y billeteras virtuales utilizadas para gestionar recursos comunitarios. Referentes del movimiento Indígena interpretaron la medida como un mecanismo de presión destinado a limitar su organización y autonomía económica.

Situaciones similares se registran en otros territorios del país. En enero de 2026, en la provincia de Salta, la referente Wichí Marta Herrera y el dirigente Leonardo Pantoja fueron detenidos luego de presentarse en una dependencia policial para denunciar amenazas vinculadas a un conflicto por tierras y desmontes en territorio ancestral. La detención generó denuncias de organizaciones sociales y de derechos humanos, que señalaron el caso como un ejemplo de criminalización de la defensa territorial.

A estos episodios se suman formas de presión más silenciosas pero persistentes. En provincias como Jujuy, Tucumán y Salta, comunidades en conflicto territorial denuncian hostigamiento permanente: patrulleros frente a viviendas de comuneras, vigilancia policial durante reclamos comunitarios o detenciones que luego quedan sin sustento judicial. Para muchas defensoras territoriales, estas prácticas configuran un clima de intimidación constante contra quienes denuncian el avance del extractivismo o defienden territorios ancestrales.

En ese contexto, la criminalización funciona como una forma de disciplinamiento político que se suma a otras presiones que ya recaen sobre esos cuerpos: la precarización económica, el desgaste de las luchas territoriales y la sobrecarga de responsabilidades comunitarias. Defender el territorio —una tarea profundamente vinculada al cuidado de la vida y la continuidad de las comunidades— puede implicar también enfrentar procesos judiciales, persecución institucional y violencia estatal.

Frente a la fragmentación: reconstruir la unidad

En un escenario atravesado por reformas económicas, tensiones territoriales y creciente fragmentación social, distintas organizaciones y movimientos vuelven a plantear la necesidad de reconstruir espacios de articulación más amplios. La consigna de “unir las luchas” aparece con fuerza en distintas convocatorias sociales, donde diversos sectores buscan confluir frente al avance de políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

Para Laureano Marina Vilte, este debate también interpela a los propios movimientos sociales. Recuerda que la conquista del Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de Argentina representó uno de los momentos de mayor articulación entre distintas organizaciones y feminismos. “Fue una lucha transversal donde muchos feminismos lograron confluir”, señala. Pero, una vez alcanzado ese objetivo, quedó abierta una pregunta más profunda: cuál es hoy la causa común capaz de volver a articular esa transversalidad.

Según plantea, el desafío actual también pasa por imaginar horizontes políticos compartidos. “Hoy también falta un proyecto colectivo más amplio: ¿qué país queremos construir? Porque si cada sector se organiza solamente con quienes piensan igual, ya no alcanza”.

Al mismo tiempo, advierte que el contexto actual obliga a asumir tensiones internas dentro de las propias comunidades. La crisis económica —explica— también ha debilitado redes comunitarias que históricamente sostuvieron muchas formas de organización territorial. “Muchos de los candidatos libertarios que hoy ocupan cargos forman parte de nuestras propias comunidades. Son hijos, familiares o vecinos”, señala. Para Vilte, reconocer esa realidad implica abandonar miradas idealizadas sobre los territorios: “El discurso neoliberal entró en las comunidades. Si no reconocemos que entró, no vamos a poder entender lo que está pasando”.

En ese sentido, advierte que reconstruir vínculos sociales exige ampliar los espacios de diálogo más allá de los círculos militantes tradicionales. “Si no logramos diversificar las voces dentro de nuestros propios movimientos, ¿qué mensaje de unidad podemos darle a la sociedad?”, se pregunta. Para Vilte, el escenario actual exige recuperar la disputa de sentidos en la vida cotidiana: “Hoy no alcanza solo con el movimiento feminista, ni con el movimiento antifascista o antirracista. Necesitamos ampliar nuestra capacidad de diálogo”.

Esa disputa —sostiene— también ocurre en los espacios más simples de la vida social. “Tenemos que volver a disputar sentido en lo cotidiano, incluso en conversaciones con el vecino o con el verdulero de la esquina”, plantea. En última instancia, concluye, el desafío político de este tiempo es recuperar un principio básico de la vida comunitaria: “que vuelva a importarnos el otro”.

Territorio, trabajo y cuerpo

La reforma laboral no puede analizarse sin perspectiva Indígena y de género, del mismo modo que tampoco puede separarse de los debates sobre desregulación ambiental. El acceso al trabajo, la defensa del territorio, la protección del agua y la organización comunitaria forman parte de una misma trama social. El costo de las transformaciones económicas suele recaer sobre las mismas poblaciones: Mujeres Indígenas, racializadas, migrantes y habitantes de barrios populares, así como feminidades y diversidades disidentes que también enfrentan exclusión estructural.

Para Miriam Liempe, esa conexión también tiene una dimensión espiritual. Muchas comunidades mantienen una relación sagrada con el agua y los elementos de la naturaleza; un vínculo profundo que sostiene la vida colectiva. Cuando estos bienes se contaminan o se privatizan, no sólo se afecta un recurso material, sino también una relación espiritual que forma parte del equilibrio de los Pueblos. Por eso, la consigna “el cuerpo de las mujeres no es zona de sacrificio” es una denuncia sobre cómo ciertos modelos económicos consideran prescindibles tanto a los territorios como a las poblaciones que los habitan. En esa línea, Liempe suele repetir una frase que sintetiza muchas luchas territoriales: “Siempre decimos que nuestros cuerpos no son zona de sacrificio, pero tampoco nuestra Madre Tierra lo es”.

Comprender la situación de las Mujeres Indígenas y disidencias exige una mirada que integre múltiples dimensiones de desigualdad: género, clase social, racismo estructural, colonialidad y conflictos territoriales. En ese mapa complejo, las Mujeres Indígenas aparecen una y otra vez en la primera línea de estos conflictos. Y como concluye Liempe, su lugar en esa lucha también expresa una apuesta por otro horizonte civilizatorio: “Vamos a estar en la primera línea defendiendo la vida y construyendo el paradigma del buen vivir”.

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