El proyecto de reforma laboral lleva el ataque contra las instituciones laborales a un nivel que no se había visto desde los cambios impulsados por la última dictadura militar en 1976.
Este nuevo proyecto avanza sobre prácticamente todas las dimensiones de las relaciones laborales y, en todos los casos, fortalece la posición de los empleadores. El argumento vuelve a ser el mismo: según sus impulsores se trataría de iniciativas que facilitarán la creación de empleo y la registración de los puestos de trabajo de la economía informal.
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Sin embargo, la experiencia reciente nos muestra que el deterioro de los derechos laborales no tiene efectos virtuosos sobre el mercado de fuerza de trabajo. Luego de la sanción de la ley bases creció la ocupación por cuenta propia y la tasa de asalariados no registrados.
Asimismo, en los años 90 la ola de flexibilización laboral se dio a la par del aumento del desempleo a los niveles más altos de nuestra historia.
La reforma impulsada por el gobierno consiste en realidad en tres reformas, sumadas a una serie de disposiciones sectoriales. La primera, transfiere recursos multimillonarios del trabajo al capital por vía de la creación del Fondo de Asistencia Laboral y la reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social. La segunda, apunta a debilitar la acción colectiva con cambios en la regulación del derecho a huelga, la negociación colectiva y las asociaciones sindicales. Finalmente, la tercera buscar fortalecer la disciplina laboral en los lugares de trabajo, con muchos cambios en la ley de contrato de trabajo.
Fondo de cese obligatorio y transferencia multimillonaria de recursos de los trabajadores a los empleadores
La primera reforma contenida en este proyecto combina aspectos laborales y fiscales. Recupera el fondo de cese laboral pero, a diferencia de la Ley Bases en la que dependía de la negociación colectiva, lo instituye con carácter obligatorio. En este caso el financiamiento estará a cargo de los empleadores, que todos los meses deberán aportar un 3% de la masa salarial. El nuevo nombre es Fondo de Asistencia Laboral y de allí saldrán los recursos para pagar las indemnizaciones por despido.
Sin embargo, la contracara de esta iniciativa es una reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales que los empleadores deben realizar al sistema de seguridad social. De esta manera, las indemnizaciones por despido pasarán a ser abonadas íntegramente con recursos que dejará de recibir la ANSES, afectando su capacidad para mejorar las prestaciones que otorga (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, etc).
Adicionalmente, la transferencia de recursos del trabajo al capital no se agota con la creación de este fondo. El proyecto también incluye una reducción del aporte patronal a las obras sociales (pasa del 6% al 5%), por lo que de un día a otro cambiarán de manos 4 puntos de la masa salarial total.
Las estimaciones de estas iniciativas sobre los fondos de la ANSES y de las obras sociales todavía deben ser analizadas en detalle, pero una primera aproximación señala que se trataría de entre 2000 y 2500 millones de dólares al año que los trabajadores les transfieren a los empleadores. Además, quienes administren los recursos del Fondo de Asistencia Laboral podrán cobrar una comisión que será determinada por la reglamentación. Una verdadera AFJP de los despidos.
